MEXICO/AFP
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció este miércoles la publicación de la «Ley de General de Víctimas» del crimen organizado, una medida sin precedentes que busca garantizar sus derechos humanos, y que el expresidente Felipe Calderón había bloqueado.
Esta «ley en favor de los derechos humanos no tiene precedente en ninguna otra nación», dijo Peña Nieto durante la ceremonia en que se anunció la publicación en el diario oficial.
La legislación, impulsada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad -fundado en 2011 por el poeta Javier Sicilia a raíz del asesinato de su hijo-, había sido bloqueada por el expresidente Calderón a través de un recurso ante la Suprema Corte, pero su sucesor desistió de esa medida judicial.
«Soy un Presidente que invariablemente estará al lado de las víctimas», aseguró Peña Nieto, quien subrayó que con esta ley está «cumpliendo un compromiso ético» que asumió con el movimiento de Sicilia en mayo, cuando era candidato presidencial.
El poeta, presente en el evento y quien ha criticado reiteradas veces «la complicidad de muchas autoridades con la criminalidad», felicitó al presidente por cumplir con «su palabra» y pidió un minuto de silencio por las víctimas.
La nueva ley «facilita la determinación de la calidad de víctima» de los afectados por el crimen organizado, «establece un amplio catálogo de derechos reconocidos a las víctimas y se incorporan medidas para restablecer el ejercicio pleno de sus derechos», puntualizó Peña Nieto.
La nueva ley crea además varias instancias, entre las que destacan la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, en la que participarán organizaciones de la sociedad civil, y el Fondo de Ayuda de Asistencia y Reparación Integral, que brindará los recursos económicos para resarcir a las víctimas.
El alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos «acogió con beneplácito» la ley, y recordó que fue elaborada con ayuda de la ONU.
Calderón declaró una guerra militarizada al crimen organizado que ha dejado, junto con las disputas entre cárteles, un saldo de 70,000 muertos según el nuevo gobierno de México, un país cuyo nivel de impunidad alcanza el 99%, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
