Chile/AP
Centenares de camioneros ocuparon el lunes extensas zonas de la carretera que une Chile de norte a sur en protesta por la muerte de un matrimonio atacado en su hogar y por los atentados incendiarios contra sus vehículos.
Los camiones quedaron detenidos en el lugar en que se encontraban al mediodía formando filas de varios kilómetros a la salida de ciudades y pueblos.La detención desplazó a centenares de automóviles en la caletera de la ruta, lo que también ocasionó paralizaciones obligadas.
La protesta de los conductores, que no cuenta con el respaldo de los dueños de camiones, se organizó el fin de semana luego de un atentado incendiario en el que se calcinó una casa con sus dueños en el interior.
El gobierno reaccionó aumentando la presencia policial en la región de La Araucanía, 800 kilómetros al sur de Santiago, e invocó la cuestionada ley antiterrorista para juzgar a los culpables.De momento sólo hay un detenido, un mapuche encontrado herido de bala en las cercanías de la finca donde murió el matrimonio, aunque la policía realiza allanamientos tras los culpables.
Jorge Huenchullán, vocero de la comunidad mapuche Temocuicui, dijo que su aldea fue allanada el domingo por la noche sin ninguna orden judicial. “La policía ingresó violentamente a la comunidad Temucuicui, sin una orden previa, sin mediar provocación, buscando no sabemos qué cosa, muy violentos con nuestra gente”, dijo Huenchullán a la AP en conversación telefónica desde el sur.
Denunció que el indígena Pablo Millanao “fue detenido al interior de la comunidad en un camino público, fue torturado y fue dejado ahí con lesiones de carácter grave”, aunque la policía negó en un comunicado el allanamiento.
Sin embargo, la televisión estatal mostró imágenes de un indígena en una camilla de hospital con huellas de al menos un golpe fuerte en el rostro. El ejecutivo vinculó el atentado a un sector minoritario de mapuches que lucha por la recuperación de tierras que pertenecieron a sus ancestros. La mayoría de los indígenas acepta la política oficial de reparto de pequeñas porciones de terreno.
En las afueras de Temuco, 690 kilómetros al sur de Santiago, la extensa fila de camiones fue precedida por dos personas que caminaron con un gran letrero que decía: “No más quemados vivos”. Algunos de los enormes vehículos de transporte que paralizaron el lunes llevaban en su acoplado restos calcinados de camiones de menor tamaño y de maquinarias quemados en atentados previos.
El hijo del matrimonio muerto en el ataque, Jorge Luchsinger, dijo el lunes que su familia había asumido que les quemarían la casa, y se quejó de que “somos poco solidarios”. “Yo lo que le quiero pedir a la gente que no está aquí es que haga un mayor apoyo para que esto se detenga. Para mí, estos son comandos que están dedicados a hacer terrorismo”, dijo a la prensa.
Hace un par de años el blanco de los ataques eran las empresas madereras, que redoblaron sus guardias, desviando los atentados hacia pequeñas fincas agrícolas que abundan en La Araucanía.
Mientras se desarrollaba la protesta, en la sede de gobierno el ministro del Interior Andrés Chadwick se reunía separadamente con los líderes políticos oficialistas y de oposición para buscar apoyo hacia la política estatal del Estado hacia el pueblo mapuche. Simultáneamente, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, recibió a sus pares de las fuerzas armadas y las policías. La ANI recibirá la información residual sobre actividades indígenas que recoja la inteligencia militar y de la policía civil y uniformada.
La oposición rechazó el uso de la ley antiterrorista para juzgar a los presuntos culpables del atentado contra el matrimonio y contra responsables de media docena de ataques que el fin de semana afectó a una pequeña finca y a un camionero, cuyo vehículo fue quemado.
Luego de reunirse con Chadwick el presidente del Partido, Socialista, Osvaldo Andrade, rechazó al igual que los otros jefes partidarios de la oposición el uso de la ley antiterrorista. “Pedimos mesura y proporcionalidad en las acciones”, dijo. Agregó que el PS respalda las iniciativas tendientes a ubicar a los culpables de la muerte del matrimonio, apero “el estado de derecho en Chile es lo suficientemente estable para no tener que recurrir a situaciones excepcionales”.
La ley antiterrorista es una herencia de la dictadura militar del general Augusto Pinochet, 1973-1990, y permite a la fiscalía presentar testigos protegidos y sin rostro, extender las detenciones preventivas hasta por dos años, intervenir las comunicaciones, delaciones compensadas y aumentar las condenas en varios años.Chadwick reiteró que la normativa invocada “es la más útil para enfrentar los hechos de violencia en La Araucanía”.