Preocupa que muchos expresidentes de Colombia se escuden en la inmunidad o el fuero y que otros que no se escudan en la inmunidad se escuden en la inmoralidad. No se puede actuar a la sombra de la ignorancia y el “secreto de estado” a costa de sacrificar principios y valores.
En el caso del litigio entre Nicaragua y Colombia, millones de colombianos de generación en generación por décadas vivieron engañados y lo más triste es que una gran parte de la población sigue creyendo la mentira. La canciller Holguín llegó a decir que “no salía de su asombro”. Era natural esta reacción, en virtud de los “derechos” cuyo asidero llegó a ser la pretendida “soberanía” sobre la cual se sustentaba una política exterior expansionista basada en un Mare Nostrum .
Ahora, llegan a la ONU, como no hay recurso de apelación frente a la sentencia buscarán la forma de cuestionar el fallo en todos los escenarios posibles. Esta vez, el argumento es la supuesta defensa de los derechos de los pescadores del archipiélago. Nicaragua tiene el deber y el derecho de reclamar y demandar, a través de los medios de solución pacífica que establece el derecho internacional, todos los derechos que la Corte le ha reconocido y aquellos que la historia, la geografía y las normas internacionales le han dado la razón, sin descartar una demanda por indemnización frente a violaciones anteriores y futuras de parte de Colombia. Nuestra respuesta debe ser contundente, haciendo uso de los instrumentos del derecho internacional. El gobierno colombiano no escatimará esfuerzos para nuevos subterfugios. Hoy alegan desconocimiento de los jueces de la realidad de los san andresanos, invocan normas en materia de derechos humanos, y en cuanto a los derechos de los nicaragüenses, ¿será que se acuerdan?
La histórica arrogancia de todos los gobiernos antecesores al actual se vuelve a evidenciar, una vez más, en el disfrute de los que ahora se esconden a la sombra de una “gloria” y un “honor” perdido. Lamentos de aquellos intrépidos que se atreven todavía a cuestionar el orden internacional, en virtud de sentirse todavía los “afortunados” por haber sugerido, en “buen tiempo”, que Colombia se retirara del pacto de Bogotá. Muchos todavía lo lamentan como si fuera la mejor opción moral, a sabiendas que la alternativa pretoriana carecía de legitimidad.
Otros, en medio de llantos y remordimientos, hablan de la gran “pérdida” para Colombia e invocan nacionalismos irracionales, pues no solo acuden al “patriotismo trasnochado” sino que se atreven a vociferar contra los jueces de la Corte y recurren a la ONU para dejar constancia de lo que ahora en adelante será su nueva conducta ante la comunidad internacional.
Es patético el llamado y la campaña de Uribe para que Colombia no cumpla el fallo de La Haya. Cuando era presidente, él se comprometió a respetar el fallo, ahora dice y actúa contrario a este compromiso, siendo el legado que deja a los colombianos. No es el vendedor de literatura y películas pirateadas que se encuentran, a las dos cuadras del Palacio de San Carlos y del Palacio de Nariño, el que cuestiona un fallo y llama al desacato. Uribe sabe que esto es la perfecta apología del delito.
Es claro que las circunstancias que precedieron al fallo, en gran medida, fueron producto del diseño de posiciones amorales, que buscaban generar una doctrina en torno a pretensiones infundadas. Nicaragua, de acuerdo con una estrategia de nación, logra desafiar la política expansionista, de gobiernos inescrupulosos que pretendían ser los dueños de todo el mar Caribe. Los nicaragüenses albergamos la esperanza que la arrogancia, que ha imperado hasta ahora en la política exterior de Colombia hacia Nicaragua, no sea la compuerta de orgullos falsos y resentimientos. Es reconocer que esta era la crónica de un fallo anunciado.
El autor es Jurista Internacional. Ex Diplomático de Nicaragua.
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