El poder judicial se prepara con bombos y platillos para ocupar en los primeros días del próximo año el nuevo edificio que le ha sido construido, mayormente con financiamiento extranjero, en una zona del antiguo centro de Managua que fue devastado por el terremoto del 23 de diciembre de 1972.
Es hermoso el nuevo edificio del poder judicial que cuatro décadas después viene a sustituir al Palacio de Justicia construido con fondos nacionales por el gobierno liberal de René Schick, a mediados de la sexta década del siglo pasado. Después de tanto tiempo, era justo y necesario que se dotara a la administración de justicia de Nicaragua con las instalaciones adecuadas para el ejercicio de esa función pública tan significativa que desempeñan los magistrados y jueces del país.
Pero no solo la forma sino también y ante todo el contenido de la justicia que se imparte en Nicaragua es lo que se debe hermosear, adecentar y dignificar. Y para que la justicia pueda ser hermosa, decente, digna y confiable, tiene que ser independiente, imparcial, apolítica y apartidista, lo cual es obvio que en la actualidad no es el caso del poder judicial de Nicaragua.
El tipo de poder judicial que existe actualmente en Nicaragua está sin duda a nivel del orteguismo, que es un sistema de gobierno arbitrario, autoritario, grosero violador de la Constitución y las leyes. Pero no es digno de un pueblo que ha luchado sin descanso y ha derramado su sangre de manera profusa, para que Nicaragua pudiera volver a ser una república, que solo puede ser verdadera si la justicia es independiente, libre de influencias políticas, de imposiciones partidistas y de intromisiones de los otros poderes del Estado.
Por otra parte, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que van a ocupar los lujosos despachos del nuevo complejo judicial ni siquiera están desempeñando legítimamente sus cargos, o sea de acuerdo con lo que manda la Constitución en sus artículos 138 y 163. Esos magistrados están allí porque Daniel Ortega les prolongó de manera dictatorial sus períodos que ya se habían vencido, por medio de un decreto inconstitucional que los mismos magistrados avalaron sin ningún pudor profesional ni respeto a la ética judicial. Y siguen ocupando las magistraturas de manera inconstitucional e ilegítima, pues ya ni siquiera tienen el pretexto de que lo hacen porque los diputados no se ponen de acuerdo y no puede haber vacío de poder judicial. La verdad es que Ortega se asignó en las elecciones de 2011 la cantidad de legisladores suficiente hasta para cambiar la Constitución, ya no digamos para designar a los magistrados, pero no le agrada gobernar conforme a la Constitución sino de acuerdo con su autocrática voluntad.
Sin duda que es importante albergar al poder judicial en un edificio nuevo, hermoso y costoso. Pero es mucho más importante y necesario que los magistrados y jueces sean independientes y probos, como deben ser los funcionarios públicos que tienen en sus manos el poder formal y real para decidir sobre los derechos, la honra, la libertad y la propiedad de los ciudadanos.
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