Lucydalia Baca Castellón
Establecer mecanismos que eviten la discrecionalidad que aplican los funcionarios, en los procesos de desaduanaje de las importaciones, es lo que pretende la empresa privada en las negociaciones que tiene previsto iniciar mañana con el Gobierno para agilizar la liberación de mercadería.
Además debe haber una voluntad de tratar de resolver más problemas en lugar de crearlos, que es lo que viene pasando con la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), con la cual se resuelven dos y nacen tres. “Si la ley se cumpliera tal como es, y todos los aforadores y administradores de aduanas cumplieran lo que establece la Ley, no habrían los problemas que hay”, afirmó el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic), Eduardo Fonseca.
Explica que normalmente los problemas giran en torno a la valoración de las mercancías. Pero la discrecionalidad no la aplican los funcionarios en la valoración, porque la duda de valor siempre puede existir, “y es adecuado que si el aforador duda del valor de la mercadería la remita al proceso establecido”.
Pero el problema —según Fonseca— es que existe una serie de documentos que se deben presentar cuanto existe la duda de valor y una vez entregados, la DGA debe permitir que el importador pague sus impuestos y que la mercadería salga.
“Sin embargo, entregás todo y de repente te piden un papel que no establece la Ley, o cualquier otra información que no está contemplada en la Ley. Además, la Ley establece que uno paga y deja una garantía bancaria por la duda de valor y otros requisitos y que la Aduana te debe permitir sacar la mercadería y eso no se hace”, explica el representante de Caconic.
La empresa privada espera solucionar el problema, ya que el retraso de la mercadería implica incrementos de costos y muchas veces pérdidas, cuando los productos no llegan a tiempo a las estanterías de los negocios.
En enero iniciaría la consulta de una nueva Ley de Aduana.
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