La Paz/EFE
El presidente boliviano, Evo Morales, promulgó hoy una ley que establece un seguro de vida para los trabajadores de los medios de comunicación que será financiado con un impuesto a esas empresas, lo que han rechazado las asociaciones de propietarios y periodistas y algunos sindicatos.
Morales promulgó la norma en un acto en La Paz al que asistieron sus ministros, trabajadores de los medios de comunicación del Estado y dirigentes afines al Gobierno.
La iniciativa fue planteada por la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz como homenaje a los hermanos periodistas Verónica y Víctor Hugo Peñasco, estrangulados en febrero pasado en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, en circunstancias que aún no han sido aclaradas.
La ministra boliviana de Comunicación, Amanda Dávila, explicó que los medios de comunicación privados y estatales deberán tributar anualmente el 1 % de sus ganancias brutas para un fondo común que financiará el seguro de vida y que será administrado por un «consejo directivo» con participación mayoritaria del Estado.
«Para los medios de comunicación de organizaciones sociales, comunitarias, sin fines de lucro, de los pueblos indígenas y los movimientos sociales, este tributo anual alcanza al 0.25 % sobre sus ingresos brutos», agregó Dávila.
La ministra reconoció que hubo diferencias con la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), una organización que agrupa a dueños y directores de periódicos y que está de acuerdo con asegurar a los trabajadores, pero que ha rechazado el tributo.
El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Hugo Bellido, resaltó por su parte el carácter solidario de la norma porque, según dijo, no se puede «dejar de lado» a los medios pequeños y «hay que ser solidarios».
Dávila advirtió que se sancionará a las empresas que hagan descuentos o anulen otros beneficios a sus trabajadores para compensar el pago del tributo, así como a aquellas que incumplan con la norma.
El presidente de la ANP, Marco Dipp, explicó a Efe que esa organización había planteado que cada empresa asegure a sus propios trabajadores y consideró que la promulgación de la ley fue una «decisión política» del Gobierno.
Lamentó que se haya establecido una «doble tributación a los medios de comunicación, una carga impositiva nueva encubierta en el fondo de un seguro de vida» y que los fondos sean administrados mayoritariamente por el Estado.
«Las autoridades del Gobierno, con una mínima participación de dirigentes sindicales de la prensa, van a administrar fondos privados, con la lamentable experiencia que tenemos en el país de que este tipo de fondos son fuente de toda clase de corruptelas, lo que no garantiza la sostenibilidad de este fondo», sostuvo Dipp.
El sindicato de trabajadores del diario La Razón, uno de los más grandes del país, rechazó en un comunicado el aporte del 1% porque «unas cuantas empresas», como ese medio, «subvencionarán a otras como las comunitarias».
«Este hecho causará que este matutino reduzca sus ingresos netos y pondría en peligro la estabilidad laboral, el pago de salarios y otros beneficios como la cancelación de primas», señala la nota. Los trabajadores de La Razón anunciaron que presentarán un recurso contra la norma ante el Tribunal Constitucional, confirmó hoy su secretario ejecutivo, Willy Chipana.
Según Dipp, hace unos meses también hubo pronunciamientos similares de los sindicatos de los diarios Correo del Sur, La Patria y Los Tiempos, entre otros.
La ANP denunció en noviembre pasado que los asesinatos de los hermanos Peñasco y del periodista Eugenio Aduviri, además de agresiones sufridas por otros 15 a lo largo de este año en Bolivia, permanecen impunes.
