César Ubeda Bravo
El diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Mauricio Díaz Dávila, espera que el triunfo que obtuvo Nicaragua con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sirva para restaurar la institucionalidad al interior del país.
“Que el triunfo en la arena internacional sirva para rectificar al interior del país. Para restituir la institucionalidad democrática no para terminar de destruirla”, consideró Díaz Dávila.
El Parlamento Centroamericano mediante una Declaración aprobada por unanimidad de sus representantes, llamó a los Estados de Nicaragua y de Colombia, a Centroamérica y a toda la comunidad internacional a que se respete el fallo del máximo tribunal de justicia.
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“Para el gobierno de Ortega, que gana prestigio internacional gracias a un fallo que es la resultante —como se ha demostrado— de la aplicación de políticas de Estado de largo plazo, en la defensa de la soberanía e integridad territorial de nuestra patria, debe ser un llamado a la reflexión, a la cordura como parece ser la posición del ciudadano en la titularidad del poder ejecutivo, del electoral, del judicial y del legislativo… ¡Menuda acumulación de poder en un solo hombre!” criticó el diputado.
Expresó que en la medida que Nicaragua vuelve a situarse en el ojo de la opinión pública mundial y en la medida en que los compromisos con potencias geoeconómicas y geopolíticas como la Unión Europea en cuyo Acuerdo de Asociación están contenidos aspectos medulares para un diálogo político que garantice una cooperación, se requiere de condicionalidades básicas como el respeto a la voluntad popular, el pluralismo y el libre mercado.
TRIUNFO AZUL Y BLANCO
“Como sostuvimos los diputados de la bancada del PLI en el Parlacen, este triunfo debe estar cobijado por la bandera azul y blanca de la Patria. Es la oportunidad del actual Gobierno de ir ordenándose en cuanto al cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de libertades públicas, democracia electoral e irrestricto respeto a los derechos humanos”, reiteró.
Agregó que ahora que Colombia recurre a la Organización de los Estados Americanos (OEA), resulta un imperativo moral que el gobierno de Ortega honre sus compromisos en cuanto a la realización de elecciones libres, competitivas y que respeten la voluntad popular.
“Sería absolutamente contradictorio que en nombre del derecho internacional y reclamando su imperio se destruyan derechos internos inherentes a nuestra dignidad de personas humanas. Separar ambas esferas para, maquiavélicamente vendernos como país que respeta el Derecho Internacional pero irrespeta la Constitución y el ordenamiento jurídico interno, nos conducirá a nuevas contradicciones que en nada abonan a la paz social necesaria para el desarrollo nacional”, concluyó.
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