Francis Espinoza Rodríguez
En la actualidad, el Cambio Climático (CC) es una realidad innegable. Dicho fenómeno, producido principalmente por la actividad humana, está asociado a la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), cuyo aumento en la atmósfera está calentando la tierra y provocando serios problemas en el medioambiente en que vivimos.
El CC constituye una problemática de la cual se han escrito muchos documentos, desde tratados internacionales y normativas internas, hasta estudios de expertos y proclamas políticas, pero, es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocida como Convención de Nueva York del 9 de mayo de 1992, que marca el origen de un compromiso colectivo tendiente a lograr la estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera. La Convención ha sido puesta en práctica a través del Protocolo de Kyoto, comprometiendo preferentemente a los países industrializados a estabilizar las emisiones de GEI.
Para mitigar los efectos del CC se han adoptado dos tipos de medidas: mitigación y adaptación. Las primeras, pretenden una actuación a nivel internacional y se centran principalmente en la reducción de emisiones de GEI. Las segundas exigen una actuación a nivel nacional, para protegerse de los daños y perturbaciones probables. De no asumirse tales medidas, el CC adoptará un punto semejante al de una catástrofe.
Los efectos del CC afectan a todo el planeta, independientemente del lugar donde se generen las emisiones de GEI, pero son los países más pobres los que sufren el mayor impacto.
En cuanto al agua, los efectos del CC son desastrosos y alarmantes, por las consecuencias negativas que este fenómeno provoca en el recurso, que se extienden al suelo y a todas las especies, trayendo consigo enfermedades, hambre, sequía, y agravando la vulnerabilidad de los más pobres.
Se destacan algunos efectos proclamados por los expertos: a) reducción de la disponibilidad de los recursos hídricos, que repercute en la productividad de los cultivos, en el sector industrial y de la energía; b) altas temperaturas del agua, que vendrían a incidir en su calidad agravando muchas formas de contaminación del agua con impactos negativos en la salud humana y en las especies marinas; c) la elevación del nivel del mar, provocando la salinización prácticamente irreversible de las aguas subterráneas, implicando una disminución del agua potable disponible en las áreas costeras; d) en países como Nicaragua, el CC repercute además, por un lado, en la alteración de las precipitaciones de lluvia, provocando inundaciones, contaminación de las aguas, pérdidas de los cultivos, poblaciones damnificadas, enfermedades, etc., y por otro lado, sequía y hambre.
Para proteger el vital líquido ante tales efectos, además de los compromisos adquiridos como nación, tales como: conservación y recuperación de los recursos forestales, protección de los humedales, etc., en general, debemos sumarnos a la lucha realizando mejores prácticas ambientales y haciendo cumplir estrictamente la normativa ambiental y de aguas, fundamentalmente en la elaboración y autorización consciente de los estudios de impacto ambiental y por consiguiente, en el otorgamiento del permiso ambiental, que constituyen el aval principal para la puesta en marcha de cualquier obra o proyecto potencialmente contaminante.
En el caso del agua, en particular, se necesita de políticas nacionales claras sobre la demanda y oferta del agua, que determinen la medición de consumos y el justo precio del recurso, para que estimulen su conservación y uso racional del mismo.
Igualmente, se necesita de una gestión integrada para obtener medidas de adaptación a través de sistemas socioeconómicos, ambientales y administrativos.
La autora es Doctora en Derecho en la Universidad de Zaragoza, España
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