César Úbeda Bravo
La expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), doctora Rosa Marina Zelaya, urgió cambios en este poder del Estado para devolver la credibilidad, confianza y transparencia en las elecciones.
En declaraciones a LA PRENSA, además del cambio de magistrados, que sean capaces y profesionales, propone un examen exhaustivo de todos los sistemas y subsistemas técnicos administrativos que permita la continuidad y mejoramiento del Sistema Integrado del Registro del Estado Civil de las Personas, Cedulación y Padrón Electoral Permanente, Cartografía e Informática Electoral, entre otros cambios.
De acuerdo a su experiencia en temas electorales ¿cuáles son las principales deficiencias mostradas por el Consejo Supremo Electoral en las últimas elecciones?
El principal problema en el poder electoral es su completa partidarización. De allí, que la solución es su inmediata despartidarización que pasa por la elección de los magistrados del Consejo Supremo Electoral y la recomposición de todas sus estructuras técnicas administrativas que permita de nuevo la profesionalización del organismo electoral de cara a la atención igual y oportuna a toda la ciudadanía, partidos y alianzas de partidos políticos sin distingos de ninguna naturaleza.
De otra manera, solo significaría cambio de nombres y mantener el esquema partidario y control de un solo partido político, en este caso el de gobierno.
En las leyes se establecen las reglas del juego de las elecciones que deben ser respetadas y acatadas por todos y corresponde, en este caso, al poder electoral, a su presidente y magistrados y a toda sus estructuras electorales y técnicas, no solo cumplirlas sino velar por su estricto cumplimiento. Desafortunadamente, en la actualidad esto no lo están acatando a cabalidad en el CSE.
[/doap_box]
OBSERVACIONES CONCRETAS PARA CAMBIOS
Los observadores electorales internacionales y nacionales en sus respectivos informes en diversos procesos electorales han dado recomendaciones muy concretas y elocuentes proponiendo cambios sustanciales que redunden en beneficio de los procesos electorales nicaragüenses y su democracia. Incluso la CIDH en su sentencia del 23 de junio del 2005, favorable a un recurso presentado por Yatama en contra del CSE y el Estado nicaragüense por haber sido excluido de participar durante las elecciones municipales de noviembre del 2000, declaró que el Estado de Nicaragua había violado, entre otros, los derechos a las garantías judiciales y a la igualdad ante la Ley.
La CIDH condenó al Estado nicaragüense y le ordenó hacer reformas legislativas tendientes a adecuar el Sistema Electoral a los estándares internacionales de Derechos Humanos, en particular establecer un recurso efectivo que controle las decisiones del Consejo Supremo Electoral y la eliminación de los obstáculos que impidan a las organizaciones indígenas presentar candidatos para optar a cargos de elección popular. Reformas de fondo a la Ley Electoral que a la fecha no se han realizado.
EXCLUSIÓN DE PARTIDOS
Desde el año 2000 lo que se ha visto en el CSE es la exclusión de partidos políticos, al MRS y a varios partidos políticos les quitaron la personalidad jurídica y les impidieron su participación en esas elecciones municipales del 2000. Es hoy y al MRS no le han devuelto su personalidad jurídica. La CSJ de Nicaragua en el 2003 dictó una sentencia donde manda a restituir derechos cercenados por el CSE a diferentes organizaciones políticas. Hay quejas constantes de ciudadanos por la no aprobación y entrega de su cédula de identidad. La no presentación y entrega de los resultados electorales junta por junta receptora de votos a las organizaciones políticas y al público en general. Quejas sobre el padrón electoral, donde no aparecen ciudadanos en las JRV donde tradicionalmente han votado, obstaculizando su derecho a votar, entre otros.
¿Cuáles serían a su juicio, los cambios que deben realizarse en el poder electoral para que las elecciones sean creíbles y aceptadas por todos los sectores de la sociedad nicaragüense?
Básicamente, elegir cuanto antes a los nuevos magistrados del CSE con criterios de capacidades personales y en la búsqueda de rescatar la profesionalización del poder electoral.
Un examen exhaustivo de todos los sistemas y subsistemas técnicos administrativos que permita la continuidad y mejoramiento del Sistema Integrado del Registro del Estado Civil de las Personas, Cedulación y Padrón Electoral Permanente. Cartografía e Informática Electoral. Iniciar la cedulación y votación de los ciudadanos nicaragüenses en el exterior.
Promulgar una nueva Ley Electoral o reformas profundas, donde se establezcan con claridad las reglas del juego electoral. Se restablezca un verdadero sistema electoral y de partidos políticos que den como resultado elecciones libres, transparentes y honestas con respeto al voto de los electores y que favorezca la atención y oportunidad de participación paritaria a todos los partidos políticos y a los ciudadanos sin distingos partidarios ni de ninguna clase. Se debe de reconocer el alto deterioro y retroceso en el actual sistema electoral que hace imperativo una intervención inmediata para retomar el rumbo de la democracia y la administración, conducción, organización y seguimiento de procesos electorales y de elecciones cuyos resultados sean respetados por todos porque reflejan exactamente la voluntad popular. De lo contrario todos los nicaragüenses lamentaremos y sufriremos las consecuencias.
Es obligación del Estado remover todos los obstáculos que impidan el ejercicio de la democracia, en este caso la responsabilidad mayor recae en el poder legislativo y el poder ejecutivo. Además en los partidos políticos, sociedad civil organizada y la ciudadanía.
Ver en la versión impresa las páginas: 12 A