Al final de la presentación del libro de Eduardo Enríquez, La muerte de una República quedó en mi cabeza el eco de aquellos versos de John Donne, con que Hemingway prologó su famosa novela sobre la guerra civil y el fin de la República española: “ y por tanto no preguntes nunca por quién doblan las campanas, doblan por ti”. De la muerte de la débil República nacida de las elecciones de 1990, todos somos responsables. Reconocer este hecho —y en eso, creo, estriba una de las mayores contribuciones del libro de Enríquez— pone punto final a una discusión sobre la naturaleza del régimen político que Ortega ha venido imponiendo a los nicaragüenses. Si no se respetan las leyes ni se respeta al ciudadano; si contrario a la división, control y balance de poderes, lo que existe es una acumulación desenfrenada de poder; si no se cumple el requisito mínimo, fundamental, de una democracia que es la existencia de elecciones libres y justas; si la protesta ciudadana es ahogada con palos, vejámenes y cárcel, entonces a esto no puede llamársele sino una tiranía o una dictadura. Conclusión que no responde a un simple prurito semántico sino a la importancia de definir la situación en que nos encontramos, punto de partida para determinar el quehacer de la oposición política.
Conclusión que tampoco debe llevarnos al inútil lamento, sino a un compromiso renovado en la construcción de ciudadanía y la organización y ejercicio del derecho humano a la resistencia ciudadana activa y pacífica frente a la opresión. Y a quienes todavía dudan de que en Nicaragua exista opresión les recomiendo ver los testimonios recientes de los hombres y mujeres de Nueva Guinea, a quienes se les ha negado el derecho a la protesta frente al fraude y han sido encarcelados, golpeados, torturados, sexualmente abusados y humillados al mejor estilo de la Guardia somocista.
Hacer realidad un sistema electoral transparente y honesto y la unidad democrática son hoy los objetivos prioritarios. Unidad que no siendo uniformidad solo puede forjarse a partir del reconocimiento de las diferencias; sin hegemonías ni caudillismos; de forma inclusiva; sobre valores, principios y objetivos. Unidad que no siendo tampoco un proceso que se agote en la firma de un acta entre cúpulas, es el diálogo permanente entre los ciudadanos en los territorios y entre estos y sus dirigentes, para la formulación y puesta en práctica de una estrategia efectiva de lucha. Unidad, por último, que al no limitarse a fines electorales debe darse alrededor de una agenda para la restauración democrática y una agenda económica y social, cuyo pilar fundamental sea el compromiso con la erradicación de la pobreza y la ignorancia.
La reforma integral del sistema electoral será la primera gran prueba de esa unidad. Bajo el manto de las reformas constitucionales, anunciadas para incorporar los límites territoriales establecidos en la reciente sentencia de La Haya, se buscará —como en “El Gatopardo”—, cambiar algunas cosas para que no cambie nada. Esta será la batalla inmediata, en la que debemos exigir la reforma total del sistema electoral, tanto en lo relativo a personas como normativas, y no limitada al cambio de uno o dos magistrados producto de la “generosidad” de Ortega. La unidad mayor, programática, estará en dependencia de la unidad que seamos capaces de generar frente a este reto prioritario. El derrotero para lograrla no es el de sentarse a la mesa a recoger migajas, no es el de aceptar treguas o firmar pactos, sino el sendero abrupto y difícil, sembrado de sacrificios, de la lucha sin cuartel por la libertad, de la lucha sin descanso hasta que Nicaragua vuelva a ser República.
El autor es jurista y catedrático universitario
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
