El anuncio realizado el mediodía de ayer por el presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, sobre la improcedencia de las impugnaciones interpuestas por el Partido Liberal Independiente a los resultados electorales en los municipios de El Almendro, Darío y Magituás y del Partido Liberal Constitucionalista en Nueva Guinea, confirma la necesidad de hacer un cambio total en el CSE.
Por Ley el CSE debe organizar las elecciones y garantizar las transparencia del escrutinio, pero actualmente lo que organiza es el fraude en cada elección y lo que garantiza es mantener a cualquier partido político serio de oposición en la indefensión. Esto, en última instancia, es arrebatarle a los ciudadanos nicaragüenses el derecho a elegir.
El argumento del CSE es que la impugnación no cabe porque esta debió hacerse en las Juntas Receptoras de Votos (JRV), sin embargo, es ahí donde se demuestra que el sistema está diseñado para el fraude.
Los partidos recurrentes demuestran, con las actas de las JRV en su poder, que en efecto tuvieron más votos que la opción del régimen, sin embargo, luego de que las actas hacen el largo viaje al Consejo Electoral Municipal, luego al Consejo Electoral Departamental para finalmente llegar al CSE los resultados son diferentes a los que salieron de las Juntas.
Queda claro para cualquier persona con cuatro dedos de frente que es imposible hacer un reclamo en la JRV cuando todo sale bien de las mismas, pues es con esas actas que los partidos recurrentes prueban que ganaron.
Queda igualmente claro que el nivel de descaro que han alcanzado los magistrados de facto Roberto Rivas Reyes, Emmett Lang Salmerón, José Marenco Cardenal, José Luis Villavicencio, Luis Benavides Romero, Marisol Castillo Bellido y Emiliano Enríquez Lacayo tiene difícilmente un término publicable.
Sin embargo, sería un error pensar que con un cambio, aunque sea total, de la cúpula, el sistema electoral va a recuperar la confianza de los nicaragüenses.
Este sistema electoral está fallado desde la conformación de JRV con partidos satélites y con aliados directos del orteguismo; la existencia ilegal de un Coordinador de Centro de Votación; el control que miembros del orteguismo ejercen en los Consejos Municipales y Departamentales donde sin ser los presidentes aceptan gustosos violentar la Ley y apartar a los presidentes que representan a partidos de oposición, y que por Ley deberían tener la representación legal de los CEM y los CED.
Aparte se pueden mencionar las inmensas irregularidades en las direcciones de Cedulación y de Informática (a cargo del padrón), que no son por ineficiencia sino por diseño. El cambio entonces debe ser total.
Sin embargo, ese cambio no se logrará sin la suficiente presión cívica con los partidos verdaderamente opositores a la cabeza. Estos tienen la misión de entusiasmar a la ciudadanía alrededor de este objetivo.
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