Las declaraciones del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos — a raíz del fallo emitido ayer por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya— pueden solo interpretarse como un intento de aplacar el nacionalismo de sus conciudadanos quienes tenían expectativas más allá de la realidad al tratar de sostener el meridiano 82 como un límite entre Nicaragua y Colombia.
De haber fallado de esa manera la CIJ habría condenado a Nicaragua a un límite a escasas 66 millas náuticas de sus costas y habría colocado la frontera marítima colombiana a 400 millas náuticas de sus costas.
Desde 1969 Colombia mantuvo que el meridiano 82 era la línea divisoria entre Nicaragua y Colombia, en virtud del tratado Bárcenas Meneses-Esguerra de 1928, en el que Nicaragua, ocupada por tropas norteamericanas, le cedió a Colombia las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En su fallo del año 2007 la CIJ dejó claro que el tratado de 1928 no podía interpretarse como un tratado de límites. Es por eso que la Corte, después de otorgar la soberanía de las islas y cayos a Colombia, “considera que obtiene un resultado equitativo prolongando la línea fronteriza a lo largo de los paralelos hasta el límite de 200 millas marinas medidas a partir de la costa de Nicaragua”.
Bajo el punto de vista de Nicaragua los cayos como Roncador, Quitasueño y Serrana, que no forman parte del archipiélago de San Andrés, debieron ser otorgados a Nicaragua y el archipiélago antes referido debió quedar como un enclave colombiano en el mar territorial nicaragüense. Sin embargo, como el Estado de Nicaragua desde 1999 se había comprometido a acatar el fallo de la CIJ pues no dudó en aceptarlo ahora.
Es por eso que el presidente Santos, en representación del Estado de Colombia, suena cantinflesco al haber aceptado la jurisdicción de la Corte para ahora decir que solo acatará la parte del fallo que favorece a Colombia.
En su discurso de anoche Santos dice que “a mí me eligieron para defender y hacer cumplir la Constitución de Colombia… El artículo 101 de nuestra Carta dice que ‘los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución solo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República’”.
Hay una gran incoherencia entre estas declaraciones y el haber aceptado la jurisdicción de La Haya en este tema.
Y hay una gran falta de seriedad cuando dice que “no vamos a descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el derecho internacional para defender nuestros derechos”.
La incoherencia y falta de seriedad se vuelven inquietantes cuando el ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, aseguró ayer que “las Fuerzas Militares defenderán la soberanía del país hasta el último milímetro, siempre acatando las leyes y las instrucciones del presidente Juan Manuel Santos”.
La CIJ fue creada para dar soluciones pacíficas a conflictos entre países. Tanto Nicaragua como Colombia aceptaron someterse al fallo de la Corte. Si las palabras del presidente Santos van más allá de un discurso para consumo doméstico, sin duda Colombia quedará en ridículo ante los ojos del mundo.
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