A raíz de la farsa electoral municipal del pasado domingo 4 de noviembre, se ha retomado e incrementado la demanda pública de que se debe cambiar cuanto antes el Consejo Supremo Electoral (CSE). El cambio de los árbitros electorales se plantea como un requisito indispensable, para que se pueda restablecer la confianza de la ciudadanía en el desacreditado sistema electoral de Nicaragua, después del tercer fraude consecutivo y de que casi el 70 por ciento de los nicaragüenses con derecho a votar decidiera abstenerse en las últimas votaciones municipales.
Sin embargo, la espuria integración del CSE es solo una parte del problema. Su cambio es muy importante, sin duda, pero solo eso no soluciona nada. La Asamblea Nacional podría reelegir ahora mismo a todos los actuales magistrados de facto, a quienes se les venció su mandato desde mediados del año 2010 y siguen aferrados a los cargos amparados en un decreto presidencial de corte dictatorial, pero eso nada resolvería. La Asamblea podría incluso cambiar a la totalidad de los magistrados electorales, y darle una razonable cuota minoritaria a la oposición parlamentaria, pero eso tampoco resolvería la crisis del sistema electoral. Cambiar a los miembros del CSE dejando intacto el sistema electoral partidarizado, venal y corrupto, no sería en todo caso más que una movida como la del gato pardo, o sea cambiar algo para que en fin de cuentas no se cambie nada.
El meollo del problema no radica en quiénes integran o pudieran integrar el CSE, sino en el mismo sistema electoral como un todo, y particularmente en el empecinamiento de Daniel Ortega de perpetuarse en el poder, mediante la reelección continua y a través de farsas electorales en las cuales la gente vote pero no elija. Lo cual se ajusta al siniestro consejo que el extinto Tomás Borge le dejó como legado a Daniel Ortega, de que haga todo lo que tenga que hacer y pague el precio que tenga que pagar, pero que nunca más vuelva a entregar el poder.
Lo cierto es que solo se podría volver a confiar en el sistema electoral de Nicaragua, si este mismo fuese cambiado de raíz, no solo nombrando nuevos magistrados honestos e independientes, sino también depurando todas las instancias de decisión y ejecución del Poder Electoral y adoptando un procedimiento nuevo y auténticamente democrático para realizar las elecciones.
En el Código de Conducta para la Administración Ética y Profesional de Elecciones, del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, el cual tiene su sede en Suecia, se establecen los cinco principios básicos para que las elecciones sean equitativas, limpias y confiables: “Cabal respeto a la ley, apartidismo y neutralidad política (del órgano electoral del Estado), transparencia en las operaciones, exactitud en los resultados electorales y orientación de servicio hacia los electores”.
Si esas condiciones no se establecen ni se respetan en Nicaragua, se podrá elegir ya a los magistrados del CSE incluso dándole una buena cuota a la oposición, pero las elecciones seguirán siendo una farsa al gusto de Daniel Ortega, es decir, como las fraudulentas del 2008, del 2011 y más recientemente las del 4 de noviembre de 2012.
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