Carla Torres Solórzano
Durante los últimos seis años en Nicaragua se han cometido 466 femicidios, de los cuales 174 de los asesinatos aún permanecen en la impunidad, denunció la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV).
“Acabar con la impunidad para vivir libre de violencia. Claro fue acusada recientemente de “machista” porque mensajes de ese tipo fueron enviados, por terceros, a través de sus servicios.
La compañía aclaró que no es responsable de emitir mensajes “machistas”, impulsará acciones publicitarias y dará permanente seguimiento a no circular mensajes discriminatorios, machistas y sexistas que atenten contra la integridad y dignidad de las mujeres.
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Luz Marina Torres, coordinadora y representante de dicha organización, manifestó que casi medio millón de mujeres nicaragüenses denunciaron ante las autoridades haber sufrido diferentes tipos de violencia incluyendo abusos sexuales entre 2006-2012.
Asimismo manifestó que del total de denuncias recibidas, el 62 por ciento de estas fueron tipificadas como faltas, no llegando a constituirse en delitos.
“¿Cómo pueden probar toda la situación de violencia que se vive bajo las cuatro paredes, si prácticamente la sociedad nicaragüense de hombres y mujeres justifican la permisibilidad de la violencia?, cuestionó Torres.
Además instó al Estado a garantizar con políticas públicas, recursos económicos, y una efectiva investigación a todas las denuncias que se interponen en las distintas comisarías de la mujer, pero además que se apliquen las leyes y la sanción de estos delitos.
IMPUNIDAD
Damaris Martínez, responsable de acción política de la Red de Mujeres Contra la Violencia, manifestó que las mujeres también sufren violencia institucional cuando exponen su situación ante las autoridades, sin embargo no reciben respuesta y lo que hacen es apartarse del sistema de justicia y es ahí donde ocurren los femicidios.
“No hay respuesta adecuada, no prosperan las denuncias, las invitan a mediar aunque la nueva Ley 779 nos dice que no existe esta figura, pero lo siguen haciendo, según hemos visto a través del monitoreo que hacen las organizaciones en todo el territorio”, dijo Martínez.
Para la organización hace falta mayor beligerancia en las instancias del Estado para hacer cumplir la ley, entre esas la Policía Nacional.
Hace algunos días la primera comisionada Aminta Granera reconoció que no se ha cumplido la Ley 779 por falta de recursos económicos. No obstante, las organizaciones estiman que hay falta de voluntad política y la consideran como un problema de salud pública.
“No hemos visto a Aminta Granera pidiendo perdón a la familia de una mujer asesinada, donde el hombre se fugó por responsabilidad de la Policía, por ejemplo. Tampoco al presidente decir: ¡Van tantas mujeres asesinadas, es un problema para la sociedad nicaragüense”, concluyó Martínez.
Ver en la versión impresa las páginas: 5 A ,1 A
