Martha Vásquez
El teniente primero Luis Reynaldo Guzmán, quien denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) sufrir supuesta tortura en las cárceles militares del Ejército de Nicaragua, continúa retenido en el Estado Mayor de esa entidad castrense, después que de forma voluntaria se presentó a su puesto de trabajo el viernes pasado.
Según Jazmina Guzmán, hermana del afectado, mañana se presentarán para una audiencia con el fiscal Ulises Portobanco en el Estado Mayor, y el coronel Juan José Sevilla, jefe inmediato de su hermano, les recomendó que llevaran un abogado para que represente a Luis Reynaldo, aunque aún desconocen qué delito le imputan.
“Ayer nos dijeron que le lleváramos ropa y enseres personales y aunque no nos han dejado verlo, dicen que está ahí en el Estado Mayor y no en las cárceles donde lo torturaron”, dijo Jazmina Guzmán.
El joven militar se desempeñaba como oficial operativo en el área del Puesto General de Mando, en Managua, desde el 2004. De acuerdo con la denuncia del teniente, el propósito de la tortura sicológica era para que admitiera que era jefe de una red interna que colabora con el crimen organizado.
“Mi hermano se presentó a su centro de trabajo porque no es prófugo a como dice el vocero del Ejército, él huyó para denunciar las torturas que le hacían en esa cárcel donde lo tenían detenido ilegalmente”, dijo Jazmina Guzmán.
El Ejército ha negado la existencia de tortura en sus cárceles y expresó que el teniente estaba siendo investigado por posibles nexos con el narcotráfico. Situación denunciada por un supuesto narco.
Para el analista de temas de seguridad y exinvestigador del Instituto de Estudios y Estrategias de Políticas Públicas (Ieepp), Yassir Chavarría, el teniente primero Guzmán realizó una denuncia sobre un hecho en el que no demostró pruebas.
“Mientras la versión del Ejército sea consistente no estoy tan seguro de que la denuncia pase a más”, dijo Chavarría.
Cuestionado sobre si la denuncia del oficial no implica algún tipo de penetración del crimen organizado al Ejército, Chavarría no quiso arriesgarse a considerarlo así, pero sí dejó establecidas sus dudas sobre la posibilidad de que algunos oficiales sean vulnerables ante el poderío económico de los narcos.
“Eso siempre estará en tela de duda, principalmente con los comandos regionales ubicados en territorios de mayor actividad del narcotráfico. Lo que habría que preguntarle al Ejército es en qué contexto se dio el interrogatorio al supuesto narco”, dijo Chavarría.
Para Chavarría ahora existe una preocupación mayor en el caso. “Se supone que el Ejército actúa en colaboración con la Policía Nacional en la interdicción a lanchas y otros medios navales, y en el enfrentamiento a grupos delicuenciales en tierra. Mas no le es permitido al Ejército interrogar a sospechosos, como se deja entrever en lo hasta ahora dicho. ¿Por qué el interrogatorio no lo dirigió un policía?”, agrega.
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