Mabel Calero
Para llegar a impartir clases al preescolar comunitario Cristóbal Colón, ubicado en el barrio Los Baltodanos, en Diriamba, la profesora Rebeca Solórzano tiene que caminar dos kilómetros.
Solórzano no tiene derecho a viático, seguro laboral, ni tampoco cuenta con un salario, ya que está registrada como profesora comunitaria.
Las maestras de los preescolares comunitarios solo reciben, de vez en cuando, una ayuda de 500 córdobas y el bono solidario de 750 córdobas.
Solórzano asegura que con lo que recibe a duras penas ajusta para comprar los granos básicos para la alimentación.
“La canasta básica cada día sube, pero yo llevo diez años de dar clases y siempre sigo ganando los 500 córdobas, que no siempre lo dan porque dicen que somos profesoras voluntarias, pero trabajamos más que una profesora formal”, dijo Solórzano.
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Asimismo Jamileth de los Ángeles Somarriba, quien es profesora del preescolar comunitario Roberto Clemente, de Diriamba, afirma que aunque no reciben un salario formal se les exige igual o posiblemente más que al resto de maestras.
“Nosotros asistimos a los talleres y capacitaciones al igual que los demás maestros, pero ahí se ve la diferencia, porque te dicen allá están las voluntarias, te apartan, uno siente la discriminación”, explica Somarriba.
Funcionarios de la Asociación para el Desarrollo Comunitario de Carazo (Adeca) indicaron que debe ser política del Gobierno apoyar la educación inicial y sobre todo a las maestras que con mucho sacrificio asumen la tarea de educar a los niños de la comunidad.
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