Tania Sirias
Muertos, exiliados y ciudadanos que no dieron su consentimiento a partidos zancudos se diputarán este 4 de noviembre cargos de elección popular. Según el representante legal de la Alianza PLI, Luis Callejas, al menos unos 200 nicaragüenses fueron sacados del padrón pasivo y de llegar a ser electos por la población saltan las interrogantes ¿quién asumirá sus cargos? y ¿quién cobrará sus sueldos?
Para el jurista Carlos Tünnermann era casi inimaginable que un partido presentara un candidato fallecido en sus listas de inscripción, por lo tanto esto no está contemplado entre los delitos electorales.
Sin embargo cabe el delito de usurpación de identidad, lo cual es sancionado en el Código Penal del país. También hay faltas a la ley por alteración de documentos públicos, señaló el jurista.
Tünnermann manifestó que los partidos políticos presentan sus listas y es obligación del Consejo Supremo Electoral (CSE) el de verificar que se cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Electoral. “Cada candidato debe ser presentado con su nombre, copia de su cédula de identidad y domicilio”.
Agregó que le parece difícil que estos partidos políticos hayan podido presentar la cédula de identidad de un ciudadano fallecido, por lo que antes de publicar las listas provisionales, el poder electoral debió realizar una verificación exhaustiva y no confiarse “en la buena fe” de los partidos políticos.
FISCALÍA DEBIÓ ACTUAR
Para Tünnermann, el fiscal electoral Armando Juárez también debió actuar de oficio y no esperar que la familia de Wendy Paola Barrientos Olivero, quien falleció en Guatemala y Cairo Isidro Llanes López, quien falleció en 2001, llegasen a interponer la denuncia por usurpación de identidad.
Señaló que en estos casos hay tanta responsabilidad del Consejo Supremo Electoral, como de la Fiscalía, pero a ambas instituciones lo que les interesa es que estos partidos, los cuales no sacaron en las elecciones pasadas el porcentaje necesario para conservar la personería jurídica, participen para avalar este proceso electoral.
El hecho de que el CSE permita estas irregularidades, dijo Tünnermann es que al Frente Sandinista le interesa dar la imagen de que hay pluralidad de partidos participando en estas elecciones, por lo tanto se hacen de la vista gorda, con estos partidos que no cumplieron con lo establecido en la Ley Electoral.
Alejandro Samaniego, excapacitador del CSE, opinó que el tribunal electoral tiene “una responsabilidad moral” con la ciudadanía. Además que tienen una responsabilidad de investigar a las personas que están inscritas por los partidos políticos.
Afirmó que el CSE tiene una dirección de atención a partidos políticos, cuyo trabajo es dar trámite a estas denuncias hechas por los ciudadanos e investigar si estos candidatos cumplen los requisitos.
CSE DEBE INVESTIGAR
El exfuncionario del CSE, expresó que los representantes legales deben dar las explicaciones de los candidatos que inscribieron, ya que ellos son los responsables ante el Consejo Supremo Electoral, y deben dar cuenta de las situaciones anómalas que se están dando.
Insistió que los partidos políticos no “deben andar investigando a los demás contendiente electorales”, ya que para eso está la dirección de atención a partidos políticos. Asimismo, es obligación del poder electoral garantizar que los candidatos existen y que están vivos.
Samaniego dijo que se debería hacer una muestra aleatoria de los candidatos, pedir que se presenten a las oficinas electorales con la cédula de identidad, ya que algunos partidos sacaron a sus candidatos del listado pasivo. Agregó que no se podía ir a estas elecciones municipales, con una buena cantidad de fantasmas. “Lamentablemente es el único país donde se ve esto”, sostuvo el excapacitador del CSE.
Al igual que Tünnermann, a Samaniego le preocupa el hecho que estos ciudadanos fallecidos o que se encuentran fuera del país salgan electos, tomando en cuenta que ahora las boletas electorales no llevarán las fotos de los candidatos, solo la bandera del partido político.
HAY QUE INVESTIGAR
Alejandro Samaniego expresó que el Consejo Supremo Electoral debería hacer una verificación de estos candidatos y llamar a los representantes legales de esos partidos. De comprobarse el delito de usurpación de identidad, anular esa candidatura.
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