MARTHA VÁSQUEZ
Nuevamente en período de elecciones municipales, Eugenio Hernández González, asesino de la periodista María José Bravo, corresponsal de LA PRENSA, después de casi ocho años de los sucesos acaecidos en El Ayote, quiere salirse con la suya y recuperar la libertad a través de sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El magistrado de facto Rafael Solís, presidente interino de la Sala Penal, en lugar de Armengol Cuadra, recusado por ser hermano de William Cuadra, defensor del condenado, dijo que andan insistiendo en el tema y que probablemente se discuta la semana próxima.
Además, probablemente se incorpore la magistrada Yadira Centeno a sus labores, ya que ella es una de las proyectistas de sentencia que confirma el asesinato y los 25 años de cárcel para Hernández.
Según Solís, dos de las propuestas de los magistrados liberales de cambiar el delito de asesinato por homicidio simple u homicidio imprudente, este último lo contempla un voto razonado que realizó en el 2009 el entonces magistrado Sergio Cuarezma, prácticamente dejarían en libertad al condenado.
POSIBLES SOLUCIONES
Solís estimó que si se le baja la pena al condenado, que es el intermedio (12 y medio) de los 25 años de condena que tiene, con la suspensión de la pena saldría porque ya lleva 8 años preso.
Mientras que si se aprueba el cambio de delito de asesinato por homicidio imprudente o doloso, a como lo contempla el proyecto del magistrado Antonio Alemán, la pena baja de 25 a 4 años de cárcel y “más bien se le quedaría debiendo” al procesado, dijo Solís.
“Ya están insistiendo, en eso, (sacar sentencia), pero es que aunque sea homicidio simple o doloso, a como lo dejemos sale, porque hay suspensión, si le ponés culposo sale porque lleva más de la pena, la semana que viene veremos, buscame”, dijo Solís.
CASO EMPANTANADO
La sentencia por la muerte de la periodista María José Bravo está empantanada desde el 2006 en la Corte Suprema de Justicia, desde entonces hubo dos audiencias de casación y al menos tres proyectos de sentencia y un voto razonado.
Los últimos intentos por liberar a Hernández fue en el 2009, cuando el magistrado Antonio Alemán mandó a circular un proyecto de sentencia, donde proponía cambiar el tipo penal de asesinato a homicidio doloso, luego el entonces magistrado Sergio Cuarezma realizó un voto de desistimiento, donde argumenta la bala saltarina, es decir, que no hubo disparo directo de parte del condenado contra la humanidad de Bravo, a como dice la Fiscalía en su acusación.
Ante tal situación los magistrados sandinistas a través de la magistrada Yadira Centeno realizaron otro proyecto de sentencia donde confirman el tipo penal de asesinato y la pena de 25 años de cárcel contra Hernández, pero ningún proyecto ha logrado las cuatro firmas necesarias para dejarla firme.
Inicialmente trabajó para un organismo finlandés en Santo Tomás, donde editó la revista El Chontaleño. Después empezó a trabajar como colaboradora del diario LA PRENSA y del diario Hoy. Residía en Santo Tomás, Chontales, con su madre Elda Antonia Sánchez Vásquez y con su hermana Esperanza Sánchez Sevilla.
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PROYECTOS DE SENTENCIA
El último proyecto de sentencia que fue presentado públicamente por los magistrados sandinistas fue el 26 de octubre del 2009. Fue elaborado por la magistrada Yadira Centeno, y en su parte medular, elimina la bala saltarina y argumenta que la condena por asesinato se da por las circunstancias en que ocurrieron los hechos: la premeditación, la intención y alevosía del imputado y no por la trayectoria de la bala.
“No podemos perder de vista que para tipificar los hechos como un asesinato, la judicial tomó en cuenta la circunstancia de haber disparado dentro del bolso para asegurarse no ser visto, el haber huido, el haber disparado en un lugar sumamente concurrido. Si bien es cierto no resulta lógico pensar que el ángulo o la trayectoria para lograr el impacto sería el deseado, sin embargo, el resultado era definitivamente previsible, sea la víctima que fuese aunque hubiera existido otro objetivo previsto”, reza el proyecto firmado por los magistrados Rafael Solís, Juana Méndez y la proyectista.
Este y otros razonamientos jurídicos llevan a la conclusión de no casar la sentencia y mantener la del Tribunal de Apelaciones por asesinato y 25 años de cárcel.
Mientras tanto, el voto razonado de los magistrados del PLC se centra en la teoría de la “bala saltarina”, que supuestamente primero pegó en el bolso, luego contra el piso, después rebotó a la pared y por último impactó a la periodista.
“Esta sala penal debe casar la sentencia y declarar nula la sentencia recurrida y el juicio oral y público, y remitir el proceso a un nuevo juez de juicio de lo penal, para que proceda a la realización de un nuevo juicio”, reza el voto razonado.
El propósito de la “bala saltarina” es el cambio en la tipificación del delito de asesinato por homicidio imprudente, por el cual la condena es de cuatro años, y prácticamente quedaría el acusado en libertad.
Respecto al voto razonado, los magistrados sandinistas manifestaron en su momento que “no vale la pena ni siquiera estudiarlo. Carece de fundamento; es una interpretación de un dictamen pericial de la Policía y es una ofensa a la inteligencia de todos”, dijo el doctor Solís, respaldado por sus colegas.
EL PROYECTO DE ALEMÁN
La magistrada Juana Méndez recordó que hace algunos meses circuló un proyecto de sentencia del doctor Antonio Alemán, en el que después del análisis del expediente, concluyó que Hernández era autor del delito de homicidio doloso.
“Un homicidio doloso y un asesinato lo que tienen en común es que ha habido la intención de matar a una persona. Hubo la voluntad de realizar la conducta antijurídica”, expresó la magistrada Méndez.
Ese año Solís criticó la estrategia de los magistrados opositores a la sentencia de Centeno porque consideró que aunque ellos sigan atrasándola, el procesado seguirá preso por asesinato, que es la sentencia que tiene firme. Además, no podrá tramitar ningún otro beneficio a través de la Sala Penal que no sea a través de la condena de asesinato, pero ahora las circunstancias parecen haber cambiado.
NUEVO PANORAMA
De los magistrados que estuvieron en la audiencia de casación y que deben fallar al respecto, ahora falta el doctor Cuarezma, (porque se le venció el período constitucional) aunque este ya dejó elaborado su voto razonado, solo quedaría ver cuál de los bandos le hace el “bolado” al otro, a como ellos suelen llamar cuando piden la firma de uno de sus colegas, para un caso que les interese.
Además habría que ver qué bando debe más favores al otro.
Extraoficialmente se conoció que el abogado de Hernández andaba cabildeando en los despachos de los magistrados para que le sacaran pronto la sentencia a favor de su representado.
HECHOS OCURRIDOS EN EL 2004
María José Bravo fue asesinada por Hernández el 9 de noviembre del 2004, muy cerca de la entrada principal del Instituto Nacional de Chontales Josefa Toledo de Aguerri, en Juigalpa, donde se había instalado el Centro Departamental de Cómputos, cuando la periodista daba cobertura a los resultados de las impugnaciones electorales de las elecciones municipales de ese año.
De acuerdo con investigaciones periodísticas publicadas por LAPRENSA, el posible motivo del asesinato fue una investigación que estaba haciendo la periodista que le llevaría a demostrar los nexos existentes entre el exalcalde de El Ayote por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Eugenio Hernández, con una banda delictiva dedicada al abigeato, extorsión y secuestro en Chontales.
El hecho ocurrió a las 6:30 p.m. en la salida del Centro de Cómputos de Juigalpa, donde Bravo daba cobertura a las protestas que hacían simpatizantes de la Alianza por la República (Apre) de Santo Tomás y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Cuapa, por los resultados electorales.
María José, de 26 años de edad y originaria de Santo Tomás, recibió un disparo con orificio de entrada en el tórax entre la cuarta y quinta costilla, sin orificio de salida. “Fue realizado muy de cerca, a quemarropa”, dijo el comisionado Otilio Duarte Herrera, jefe de la Policía en Chontales en ese momento.
Hernández fue detenido esa misma noche y se le ocupó una pistola calibre 38. Hernández González aparece como excontra en la base de datos de desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense.
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