¿Quién falla?

Durante el marco del 14 Seminario Internacional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM) celebrado en la ciudad de México los pasados 4 y 5 de octubre, algunos medios resaltaron dos opiniones por demás importantes y que son recurrentes en la mayoría de los países de la región latinoamericana cuando se habla de la prevención y combate de dichos delitos.

De acuerdo a dichas fuentes, por un lado el presidente de la ABM manifestó que en los últimos 15 años la banca mexicana ha invertido más de 700 millones de dólares en sistemas y procesos para prevenir el lavado de dinero y por otro el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que se exigirá mayor calidad en los reportes enviados por los participantes del sector financiero pues de una muestra de tres millones de informes analizados en 2011, enviados por instituciones financieras, solo cinco por ciento cumple con los requisitos, tratándose de los de los bancos, únicamente 10 por ciento está dentro de los parámetros necesarios para determinar el indicio de lavado de dinero.

En México las primeras disposiciones formales emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicables al sector financiero datan del año 1997 y son claras desde entonces al mencionar, entre otros temas, la obligación del reporte de operaciones tanto inusuales, relevantes y preocupantes a dicha Secretaría ¿Será que en todo este tiempo no se ha logrado entender que tipo de información se debe enviar a la UIF por las instituciones financieras? O ¿Dicho organismo a través de estos 15 años no ha logrado explicar al sector, qué información se requiere para armar un caso robusto de lavado de dinero contra la delincuencia organizada? De darse cualquiera de los supuestos o ambos sería un problema muy serio que se tiene que resolver de inmediato pues ambas estructuras que son costosas una para la institución que implementa esos onerosos sistemas de monitoreo y otra para el contribuyente que no pudiera estar viendo reflejados los resultados adecuados en la prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, delitos que tanto daño hacen a la sociedad en su conjunto.

Podemos utilizar como ejemplo de una solución adecuada a los temas arriba planteados un documento publicado durante el presente mes de octubre de 2012 por el Grupo Egmont (organismo que agrupa a las unidades de inteligencia financiera de diversos países incluido México) titulado “El Papel de las Unidades de Inteligencia Financiera para combatir la Corrupción y la Recuperación de Activos Robados” (The Role of FIUs in Fighting Corruption and Recovering Stolen Assets). En dicho documento se hace mención a que algunas UIF pueden compartir información de manera proactiva al proporcionar a las entidades financieras información de inteligencia con el objetivo de utilizar dicha información para detonar informes de operaciones inusuales así como el que existe la necesidad de desarrollar indicadores que levanten banderas rojas para alertar a las entidades generadoras de información (dentro las cuales se incluye al sector financiero).

Continúa señalando el informe que, hasta ahora, muy pocas UIF han desarrollado este tipo de indicadores que apoyen a las entidades que reportan sobre la detección de posibles operaciones típicas y los patrones de lavado de dinero producto de la corrupción. Asimismo el Grupo de Acción Financiera Internacional publicó un documento en junio de 2012 que establece la asistencia a las entidades informantes sobre los factores de riesgo específicos en el lavado de dinero producto de la corrupción. Considero que sería muy productivo que las autoridades de todos los países en la región latinoamericana emitieran éste tipo de lineamientos para cada uno de los delitos que generan lavado de dinero a fin de que las instituciones financieras no se sientan como en un cuarto oscuro al momento de determinar qué tipo de reportes les interesan realmente a dichas autoridades.

A pesar de que tanto instituciones financieras como unidades de inteligencia financiera en los diversos países en teoría persiguen un fin común que es prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo desde sus diferentes trincheras, ambas cuentan con fuentes muy diferentes para hacerse llagar de información. Ya aquí en anteriores colaboraciones he mencionado que no debe confundirse esta labor preventiva que realiza el sector privado con una de carácter policiaco toda vez que-además de no ser la finalidad- las instituciones financieras no cuentan con esa información de primera mano de la que disponen organismos como las unidades de inteligencia financiera que detonan investigaciones muy encaminadas a casos específicos a través de información proporcionada por mecanismos de inteligencia obtenida por muy diversas fuentes como informantes, autoridades internacionales, operaciones encubiertas y muchas otras.

Resulta decepcionante que por más mecanismos sofisticados de monitoreo y análisis con los que cuente el sector financiero para erradicar los flagelos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, si la información producida no le es de utilidad a las instituciones de gobierno, el esfuerzo económico y de muchas horas de trabajo resultará estéril. Desde luego que la solución a esta situación se traduce en una mejor comunicación y trabajo en equipo entre los sectores público y privado. Bien lo dice el motivador y conferencista estadounidense Zig Ziglar “Los individuos marcan goles, pero los equipos ganan partidos” ¿Están las autoridades y sector privado de nuestra región latinoamericana trabajando en equipo para resolver el problema del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? No estoy muy seguro de que así sea, ¿usted que piensa estimado lector? ¿Quién falla?

(*) Esta columna es publicada los lunes en El Financiero de México. [email protected]

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