Ramón Villarreal Bello
Hacinados en un pequeño rincón de los Juzgados de Rivas, diez defensores públicos de este departamento ejercen la labor de defender a los acusados de escasos recursos, aunque no cuentan con las condiciones necesarias.
Las necesidades van desde la falta de un medio de transporte, hasta un local donde puedan acomodar las cinco computadoras que están funcionando, un sitio para archivar expedientes y hasta una sala de espera y atención para los acusados y sus familiares que muchas veces requieren hablar en privado con sus defensores.
Luis Javier Alvarado Lanzas, coordinador departamental de la Defensoría Pública, detalló que de dos defensores públicos que laboraban a inicios del 2010, luego subieron en ese mismo año a ocho y en el 2011 totalizaron los diez para todo el departamento de Rivas. Sin embargo, tuvo que reconocer que les cuesta mucho trabajo realizar su labor.
También los defensores rivenses asignados a los diferentes municipios deben andar con los expedientes bajo el brazo porque no cuentan con un local para guardar las copias de las causas judiciales de sus defendidos y puso de ejemplo a la defensora pública de los municipios de San Jorge y Buenos Aires, Dora Cordón, quien siempre anda acarreando de un lado a otro todos sus expedientes.
Un local propio, amplio, donde los defensores públicos pueden guardar cómodamente sus archivos y preparar sus defensas.
Pago de zonaje y viáticos para conservar sus salarios. Material de oficina.
Una fotocopiadora, para las copias de expedientes.
Un teléfono convencional propio. Pues cuando los llaman al de la administración del complejo judicial rivense, debido al tiempo de espera y porque deben bajar gradas para llegar hasta donde está, las llamadas son cortadas.
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De acuerdo con Alvarado, el poder judicial les facilita cierto espacio a los defensores públicos asignados a los municipios para que atiendan a la población en los juzgados locales municipales, sin embargo esto causa cierta desconfianza de parte de los acusados y sus familiares, pues en algunos casos ciertos pobladores han llegado a pensar que los abogados defensores siguen orientaciones de los judiciales o que son subordinados de los jueces.
Al respecto Alvarado dijo que tienen total autonomía en su labor. “Los defensores son profesionales del derecho muy capaces, y prueba de ello es la cantidad de causas que se ganan a favor de los acusados que nosotros defendemos”, aseguró.
Sin transporte ni zonaje
Hasta la fecha los defensores públicos únicamente reciben un salario por su labor, pero no cuentan con viático para transporte, tampoco les pagan zonaje.
Ocho de estos profesionales no son del departamento de Rivas y se las tienen que ingeniar para quedarse en esta ciudad y de sus salarios cubren el alquiler de un local.
La abogada rivense Betania Obregón, asignada a la isla de Ometepe, viaja todos los días a este sitio y detalló que logró establecer un convenio con los transportistas acuáticos Milton Arcia Marín y Cipriano Quiroga, que le permite viajar sin pagar.
“Sin embargo a mí me corresponde cubrir el transporte interno de la isla y mi alimentación y por convenios que se han hecho con la Alcaldía de Moyogalpa, tengo un lugarcito en la oficina de la vicealcaldesa donde guardo las copias de los expedientes de los casos que llevo y puedo atender a la población”, precisó.
En el municipio de Altagracia las condiciones son totalmente difíciles para Obregón, puesto que tiene que atender de pie a los que buscan sus servicios profesionales. Atiende los miércoles en Altagracia, y el resto de la semana en Moyogalpa, en la oficina de la vicealcaldesa.
Puede acceder a un defensor público todo ciudadano cuyos ingresos sean menores a diez mil córdobas. Se atiende todo tipo de delito, menos narcotráfico y lavado de dinero.
“Eso lo hacemos por ética, puesto que la ley no lo impide, la ley nos faculta a defender todo tipo de causa, pero por decisión de la Defensoría Pública, no vemos los casos relacionados al crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero”, explicó Alvarado.
De 64 sentencias emitidas en el primer semestre del presente año, el 84 por ciento han sido favorables para los acusados.
De las sentencias condenatorias, la defensoría rivense lleva seis causas en apelación, que son cubiertas directamente por los defensores públicos de Rivas que deben trasladarse al Tribunal de Apelaciones por sus propios medios.
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