La comunidad internacional, que a través de las agencias bilaterales de cooperación y los organismos multilaterales humanitarios y financieros ha venido apoyando a los nicaragüenses desde 1990 en que iniciamos la triple transición —de la guerra a la paz, de una economía estatizada a una de libre mercado y del totalitarismo a la democracia— será testigo de una farsa más mal llamada elecciones municipales.
Muchos compatriotas consideran que la política no tiene incidencia directa en la vida cotidiana de la población y que los procesos electorales son exclusivamente competencia de los partidos políticos y sus candidatos; sin embargo, la drástica reducción de la cooperación es consecuencia directa de los fraudes electorales y del rompimiento del orden constitucional, institucional y democrático. Este comportamiento dictatorial ha reducido dramáticamente la ayuda para los sectores más vulnerables y los programas para financiar la empresa privada, ahuyentando la inversión extranjera directa, aumentando la pobreza y extrema pobreza.
El próximo mal llamado proceso electoral municipal traerá más consecuencias negativas para los nicaragüenses, ya que la comunidad cooperante reducirá y suspenderá más programas destinados a beneficiar a la población; sin embargo, esto parece no preocuparle en lo más mínimo al gobierno y los usurpadores de cargos en el Consejo Supremo Electoral, ambos artífices directos de los fraudes electorales.
Hoy, en las puertas del segundo fraude electoral municipal consecutivo continúan profundizando la destrucción del municipalismo, núcleo primario del Estado, constituido por la población que vive dentro de un territorio determinado, con derecho a elegir libre y directamente a su propio gobierno local que regirá y tendrá jurisdicción política y administrativa en su municipio.
El municipalismo ha sido desde los tiempos antiguos de los griegos (“polis”) y los romanos (“municipium”) la unidad político administrativa de sus territorios y durante la época colonial española en América se fueron organizando los ayuntamientos y realizando los cabildos abiertos para discutir directamente los problemas de la comunidad.
En Nicaragua se inició un proceso sano de descentralización de los gobiernos locales para el fortalecimiento de la democracia representativa a través de elecciones libres de alcaldes, vicealcaldes y concejales, se establecieron los límites de cada municipio y las alcaldías se convirtieron en administradores de sus territorios y bienes en función de las necesidades de la población, convirtiéndose en mediadores legítimamente constituidos entre los ciudadanos y los organismos del Estado, con funciones subordinadas a la Constitución Política y las leyes.
El municipio está regido por un órgano colegiado, el concejo municipal, encabezado por una institución unipersonal, el alcalde; lamentablemente, hoy en día en Nicaragua las Alcaldías designadas y las ganadas por el partido de gobierno son administradas por la Presidencia de la República y no por los representantes del pueblo, los concejales.
Ante este comportamiento antidemocrático podemos adaptar y aplicar al Gobierno de Nicaragua el calificativo la “megalópolis”, utilizado por el geógrafo francés Jean Gottmann, pero en este caso para describir un Estado altamente centralizado que, por su concentración y control de los poderes económico, político, judicial, electoral y municipal, ve al municipalismo como enemigo del Estado. El autor es Concejal de Managua.
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