Ramón García Gibson (*)
El sector real definido, en términos generales, como aquel al que pertenecen el conjunto de empresas productoras de bienes y servicios y el grupo de las que también se dedican a su comercialización se ha convertido en un área donde las autoridades del hemisferio latinoamericano deben poner especial atención para que la delincuencia organizada no lo siga penetrando.
De acuerdo con fuentes informativas entre 2000 y 2012 el gobierno de Estados Unidos ha identificado 1,100 empresas en todo el mundo, las cuales asegura están vinculadas a 97 capos del narcotráfico. ¿Por qué sucede este fenómeno? la causa principal se debe a que una vez que el delincuente logra introducirse en la economía formal a través de negocios establecidos resulta muy difícil tanto para instituciones financieras como autoridades el lograr identificar si las personas que están atrás de los mismos pertenecen o no a la delincuencia organizada toda vez que se utilizan prestanombres, los flujos generados no despiertan sospecha ya que por lo regular se buscan giros que manejen efectivo que se mezcla con dinero proveniente de actividades ilícitas y así muchos otros supuestos.
Dentro las empresas preferidas por la delincuencia para tratar de legitimar sus ganancias tenemos, entre otros giros a los hoteles, inmobiliarias, constructoras, cines, casinos, joyerías, agencias vendedoras de autos nuevos y usados, farmacias, equipos de futbol, ganadería, aviación, marítimas, centros de educación, cafeterías, y servicios financieros en sus diferentes modalidades.
¿Cuántos de este tipo de negocios estarán siendo operados impunemente por la delincuencia organizada en México y otros países de nuestra región? La respuesta puede resultar muy alarmante. La importancia de revisar por parte de las autoridades los estados financieros de las empresas para detectar los posibles casos de lavado de dinero radica en que en dichos documentos está estructurada la información de todas las transacciones, situación que puede ayudarlas a analizar las cuentas bajo un criterio objetivo catalogando las que puedan representar mayor riesgo y así poder prevenir dicho delito de forma efectiva. ¿Estarán debidamente capacitados los fiscales para analizar dichos documentos y estructurar casos robustos de lavado de dinero? Esta preocupación debe ser recogida por los distintos gobiernos a fin de capacitar debidamente a sus funcionarios de procuración de justicia.
Los miembros de la delincuencia organizada al estar constituyendo empresas insertadas en la economía formal deben considerar el que es muy difícil el que las autoridades logren identificar dentro de los estados financieros de sus empresas las cuentas de mayor riesgo para lavar dinero, tales como: 1) Ingresos: ventas ficticias infladas con facturas no reales, esto facilita la entrada de efectivo producto del narcotráfico; 2) Cuentas por cobrar: utilizando esta cuenta como contrapartida de ingresos, facilita en el corto plazo el justificar un recaudo en efectivo al hacer efectiva la obligación y; 3) Inventario: las salidas de inventario obedecen al incremento de ventas, en un negocio normalmente la rotación alta o baja dependerá de la demanda, es por ello que el análisis de este rubro debe estar muy atado a dichas ventas, situación lógica pero no tan sencilla de cuadrar en una investigación sobre lavado de dinero, pues se requiere conocer el mercado de los productos que se están ofreciendo. Para atacar los problemas arriba señalados el gobierno mexicano a través de la Procuraduría General de la República creó el pasado mes de marzo la Unidad Especializada en Análisis Financiero, que tiene facultades para investigar las estructuras financieras vinculadas a las operaciones ligadas con presuntas organizaciones delictivas y evitar que usen los recursos para su financiamiento, mediante el diseño y ejecución de sistemas y mecanismos de análisis de la información financiera y contable relacionada con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita previstos en el Código Penal Federal. Entre una de las funciones más importantes de dicha área para los efectos de la problemática aquí descrita está la de elaborar diagnósticos en materia de análisis financiero y contable con la información que recabe en el ejercicio de sus facultades.
Parte de las consecuencias sociales y económicas que trae aparejado el lavado de dinero son el aumento del delito y corrupción, distorsiones e inestabilidad económica, pérdida del Estado de Derecho y debilitamiento del sector privado legítimo, situación esta última que se acentúa cuando la delincuencia organizada participa en el sector real de la economía de los países.
(*) Esta columna es publicada los lunes en El Financiero de México. [email protected]¿
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