Caracas/EFE/AFP
A cuatro semanas para las elecciones presidenciales, el candidato de la oposición, Henrique Capriles, aseguró ayer que de ganar, “una primera medida” que adoptará el 10 de enero, al asumir la presidencia, será aumentar el salario mínimo a 2,500 bolívares (581 dólares), casi un 25 por ciento más de los 2,047 bolívares (476 dólares) actuales.
Capriles también afirmó que activará una serie de acciones para reducir la violencia, como el desarme de la sociedad y la destrucción de las armas ilegales, así como un incremento de 20,000 funcionarios policiales en las calles para luchar contra un flagelo que el año pasado dejó más de 14,000 muertos.
“El problema de la seguridad, el problema de la violencia, requiere al jefe de Estado, al frente de este tema”, dijo al reiterar que apoyará al Poder Judicial y a la Fiscalía para que realicen su trabajo sin controles o presiones del gobierno.
Buena parte de los sondeos señalan que Chávez va adelante con una holgada diferencia, pero otras encuestadoras señalan que ese margen es estrecho y que incluso Capriles ya va por delante.
[/doap_box]
Como parte del mismo programa de seguridad, manifestó que activaría un proceso de transformación del sistema penitenciario para “acabar con los muertos en las cárceles venezolanas”.
OJO CON EL CRUDO
Capriles señaló que pondría el ojo en los destinos del crudo venezolano ya que, a su juicio, el petróleo del país está siendo “regalado” a otras naciones, situación que se terminará al iniciar su mandato y que no se usa para solucionar los problemas de Venezuela. Sin embargo, aseguró que no romperá relaciones con ningún país tras “sincerar las cuentas” provenientes de las negociaciones petroleras.
ATAQUE DE CHÁVEZ
El proyecto de gobierno del presidente Hugo Chávez indica que, si es elegido, potenciará el estado comunal transfiriendo competencias de las regiones al “pueblo organizado”.
Una ley aprobada en junio por decreto presidencial prevé que el “pueblo organizado” vaya asumiendo la gestión de la comunidad y la administración de los recursos financieros, relegando las instituciones públicas a un papel de “acompañamiento técnico”. “(…) En ninguna parte está dicho ni así ha sido que eso vaya a debilitar a los gobiernos estatales, regionales o municipales (…)”, expresó Chávez ayer.
Para el politólogo John Magdaleno, con esta ley Chávez “quiere adelantarse a la eventualidad de que la oposición gane nuevas gobernaciones” en las elecciones regionales del 16 de diciembre y evitar que se constituya en una “alternativa de poder”, señala.
“Es evidente que Chávez busca minimizar el poder de los poderes regionales. En apariencia, quiere rebajar la democracia representativa a la participativa, pero las comunas pueden estar más manipuladas por el oficialismo”, advirtió el presidente de Datanalisis, Luis León.
Según su proyecto de gobierno para los próximos seis años, Chávez aspira a que toda la población esté vinculada a un consejo comunal y que el 68 por ciento de los ciudadanos viva para entonces en “subsistemas de comunas socialistas”.
“Los gobiernos y alcaldías que forman parte del viejo Estado burgués deben comenzar a respaldar este proceso, apoyando al pueblo para que sea capaz de autogobernarse”, explicó Javier Sánchez, responsable del programa electoral de Chávez en el Estado Táchira.
Sánchez defiende que los consejos comunales, de los que se habían formado 41,000 en el país a mediados de 2011, según cifras oficiales, han demostrado ser capaces de llevar las riendas de la gestión pública.
Según Magdaleno, Chávez pretende “avanzar hacia un modelo en el que el Estado es el que administra todos los recursos, toma cada vez mayor control de los sectores sociales, privatiza más y ejerce un control férreo sobre cómo se forma la opinión pública”.
Ver en la versión impresa las páginas: 8 A
