El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, declaró categóricamente que Ecuador no es colonia de Inglaterra. Patiño se expresó de esa manera en el curso de la crisis en las relaciones diplomáticas de Ecuador con el Reino Unido, por el caso del pirata informático de origen australiano, Julian Assange, fundador y operador del sitio web Wikileaks por medio del cual ha divulgado informaciones confidenciales de numerosos gobiernos en distintas partes del mundo.
Patiño tiene razón, sin duda, al decir que su país no es colonia inglesa, pero le faltó decir que tampoco Inglaterra es colonia de Ecuador y por lo tanto no tiene por qué someterse a los designios del régimen ecuatoriano. Está claro y es indiscutible que el gobierno de Ecuador puede acoger en su territorio, en condición de asilado, exiliado, refugiado, amigo, huésped o lo que sea, a Julian Assange y cualquier otra persona de su agrado. Pero no puede obligar al gobierno británico a que le conceda a Assange el estatus de asilado político, puesto que Inglaterra no reconoce el derecho de asilo como lo entienden las autoridades ecuatorianas.
Es cierto que el Reino Unido o Inglaterra, como parte de las Naciones Unidas está obligado a respetar y aplicar las disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero esta Declaración precisa claramente, en su artículo 14, que el derecho de asilo “no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”. Y es precisamente lo que está haciendo Inglaterra: no reconocer a Assange como asilado político, sino como lo que en realidad es : un individuo buscado por la policía internacional y perseguido por la justicia sueca, pero no por filtrar informaciones confidenciales de gobiernos e instituciones públicas y privadas, sino por la acusación de delitos sexuales, o sea comunes, cometidos en Suecia.
En Inglaterra está vigente desde 1987 una Ley de Recintos Diplomáticos y Consulares, la cual permite al gobierno suspender el fuero diplomático en caso de grave peligro para la seguridad nacional o de las personas. Esta ley fue aprobada después de una grave crisis ocurrida en 1984, cuando un funcionario de la embajada de Libia en Londres mató a balazos a la policía Yvonne Fletcher, pero las autoridades no pudieron capturar ni llevar ante la justicia al asesino porque se protegió con la inmunidad diplomática. De manera que el gobierno británico se limitó a romper relaciones diplomáticas con Libia, que entonces era gobernada por el dictador Muamar Gadafi.
En el curso de la crisis actual con Ecuador, se ha mencionado esa Ley de Recintos Diplomáticos y Consulares, pero es sumamente difícil que se pueda aplicar, porque la presencia de Assange en la embajada ecuatoriana en Londres no representa una amenaza contra la seguridad nacional y las personas. En todo caso, Assange permanecerá cómodamente prisionero en esa sede diplomática, a expensas de los ciudadanos ecuatorianos, en vez de ir a Suecia para responder ante la justicia.
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