TEGUCIGALPA/ACAN-EFE
La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Lisa Kubiske, denunció ayer “las organizaciones del crimen organizado y los carteles de la droga tienen como objetivo romper la institucionalidad de Honduras, con el propósito de extender su ilícito negocio por toda la región”.
Honduras y Estados Unidos “tenemos un compromiso de luchar de frente contra el crimen organizado a través de la cooperación interinstitucional”, aseguró la diplomática.
El Universal cita al analista privado de inteligencia y presidente del Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad en Centroamérica, Héctor Rosada, quien asegura que “El Chapo” “tiene tal grado de conexiones y contactos que le permiten moverse como quiere. Es muy poderoso y no es primera vez que lo hace”.
Rosada asegura que el centro de operaciones de “El Chapo” es Copán, donde habría llegado de vacaciones o celebrado fiestas.
[/doap_box]
Kubiske hizo un llamamiento a las autoridades de Seguridad y Justicia de Honduras para que “redoblen esfuerzos” para combatir a las organizaciones criminales.
Agregó que el crimen organizado “ha penetrado las instituciones del Estado”, por lo que demandó “una mayor transparencia”.
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, manifestó en su discurso que EE. UU. ha aceptado “la responsabilidad compartida pero diferenciada” en la lucha contra el crimen organizado. Lobo indicó que en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) se trabaja en “el tema de la seguridad regional”, incluyendo estrategias para enfrentar el crimen organizado trasnacional.
Según un informe estadounidense sobre narcotráfico en el mundo, cerca del 80 por ciento de la cocaína que llega a México desde Suramérica con destino a EE. UU. hace escala en Centroamérica, con Guatemala y Honduras como principales puntos de entrada.
MANTENDRÁN AYUDA
La prensa local informó ayer que un informe estadounidense planteaba la posible suspensión de la ayuda de Estados Unidos mientras se investigaba la supuesta participación de Juan Carlos Bonilla, director de la Policía, en un “escuadrón de la muerte”, que lo involucraría “en al menos tres asesinatos y desapariciones forzadas entre 1998 y 2002”.
La embajada de EE. UU., aclaró ayer en un comunicado que Washington “no tiene planificado ni reducir, ni eliminar la asistencia a las Fuerzas Armadas o a la Policía hondureña en los términos establecidos” en la ley estadounidense.
El comunicado señaló que este país “ha demostrado una significativa voluntad política para llevar a cabo las complicadas reformas legislativas y constitucionales que se requieren para reforzar el imperio de la ley (…)”.
Ayer, el canciller hondureño, Arturo Corrales, reveló en una rueda de prensa que “el Departamento de Estado estadounidense ha conformado una unidad o comisión con el fin de examinar las alegaciones en contra” de Bonilla.
Ver en la versión impresa las páginas: 8 A
