Lucía Navas
Las empresas nicaragüenses que tienen negocios con una compañía de Gran Bretaña o exporta a ese país deberán cumplir nuevas normas de seguimiento al combate a actos de corrupción, pues de llegarse a comprobar un delito de este tipo puede enfrentar sanciones bajo el sistema judicial británico.
La Ley Anticorrupción y Sobornos del Reino Unidos 2010, en vigencia desde junio del 2011, extendió la jurisdicción al sistema legal de ese país para emprender acciones legales contra las compañías británicas y/o con las que tienen relaciones comerciales, por actos de corrupción.
John McKendrick, especialista en legislación pública y regulatoria, explica que la figura legal creada en esa ley que refiere al “fracaso en la prevención del soborno”, cambia la forma de perseguir los delitos de corrupción.
“El enfoque principal de la ley es hacia la empresa privada”, enfatiza McKendrick, destacando que más allá de las sanciones penales y monetarias que contempla, su objetivo central “es mejorar la cultura corporativa de las empresas privadas”.
IMPACTO EN EL DESARROLLO
Menciona el especialista que pese a que pueda considerarse que la Ley Anticorrupción y Soborno “trasciende la jurisdicción” de las leyes internas de cada país, tanto las empresas como los gobiernos deben empezar a entender que “es una realidad” que está pasando en el mundo.
McKendrick explica que el marco de investigación es grande porque abarca a inversiones británicas existentes en el exterior, negocios locales que tienen vínculos en el Reino Unido, ya sea comerciales, con sociedades anónimas, con el Gobierno, o pueden ser incluso bufetes jurídicos.
Las penas pueden ser hasta diez años de cárcel, pero las multas pueden ser millonarias.
Yalí Molina, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), expresa que igualmente Estados Unidos está endureciendo las exigencias de combate a la corrupción y por ello considera un reto que en el país la legislación en la materia sea implementada con mayor eficacia.
Nicaragua ocupa el puesto 134 en el ranking de cumplimiento del Estado de Derecho de la organización Transparencia Internacional, con una calificación del 24 por ciento en combate a la corrupción, siendo uno de los últimos. Costa Rica ocupa el puesto 50 y el Reino Unido el 16.
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