Noel Amilcar Gallegos
Francisco Ramírez Fernández; hijo de doña Margarita Fernández, pionera de la panadería en Masaya, denunció que la propiedad en donde ha habitado por más de 12 años pende de una orden de la Procuraduría General de la República, en donde le piden desalojarla en menos de diez días.
Explicó que en la época de los años noventa su familia se vio obligada a realizar un préstamo al extinto Banco Intercontinental SA (Interbank), quedando él bajo la figura de depositario, pero la deuda no se pudo cancelar.
En la notificación se lee: “En relación a su solicitud para adquirir propiedad del Estado, ubicada en el barrio San Jerónimo, frente al colegio Santa Teresita, en Masaya, le informo que el Estado de Nicaragua ya tiene un uso determinado para ese inmueble para fines sociales. Por lo antes expresado le solicito la entrega en un término de quince días”, fechada el 24 de julio de 2012, y rubricada por el procurador general Hernán Estrada.
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“De modo que cuando el Interbank quiebra, la entonces junta liquidadora da (la casa) al Banco Central como dación (cesión) de pago, de tal manera que el Banco Central pasó con esta propiedad por más de diez años porque no la subastaron. Luego la pasaron a la Procuraduría (PGR) para que todas las propiedades de los extintos bancos se fueran legalizando como una forma de solucionar el problema de la propiedad en Nicaragua”, continuó Ramírez.
“En base a los anuncios que realiza la PGR en los diarios sobre el llamado a los ciudadanos a que legalicen las propiedades, entonces me dirigí a la oficina de Raiti Sánchez, encargada de ver los asuntos de las propiedades de los extintos bancos. Ella me dijo que hiciera una solicitud al respecto, de manera que se la hice, explicándole que soy el depositario y que he vivido aquí por más de doce años, pagando luz, agua y teléfono, luego me dijo que pusiera un monto, yo le puse diez mil dólares, que era el valor que le debía a la casa de la entonces junta liquidadora (del Interbank) al Banco Central en dación de pago”, agregó Ramírez.
Sostiene que realizó el trámite en marzo del año pasado y al mes le estaban informando que el doctor Hernán Estrada había dado “luz verde” al caso, lo que alegró al depositario, pero el pago que tendría que realizar por la casa en la Tesorería General de República sería en dependencia al valor catastral.
“Desde entonces esperé casi 16 meses para que (la PGR) viniera a ver in situ la propiedad, luego de evaluarla, me dijeron que solo iban a ver si esta propiedad estaba inscrita legalmente en el Registro de la Propiedad”, sostuvo el denunciante.
UN LLAMADO
“Si el waiver se dio porque se está resolviendo el problema de propiedad de ciudadanos norteamericanos, entonces quién apoya a los nicaragüenses, como mi caso, en donde se cambió de seña. Le pido al señor Estrada que me resuelva el problema tal y como se había acordado desde un principio, que era por el valor catastral”, reclamó Ramírez.
Ver en la versión impresa las páginas: 6 A
