Tania Sirias
Roberto Solórzano, representante legal de la mayoría de accionistas de la empresa Solka, la cual fue confiscada por el gobierno sandinista, afirmó que la denuncia interpuesta en Estados Unidos por Lylle Araya Solórzano, fue hecha a título personal.
Expresó que comprende la acción emprendida por la ciudadana norteamericana ante las leyes de su país, quien demandó al Gobierno de Nicaragua ante una Corte Federal, por el incumplimiento de pago de la compraventa de la empresa Laboratorios Solka.
Calificó esa demanda como una “acción desesperada” y dejó claro que sus representados no se van a adherir a ese requerimiento legal.
Agregó que “cada persona tiene el derecho de disponer de su propiedad a como lo prefiera, pero Araya tiene apenas un porcentaje pequeño de la empresa”, el cual corresponde a menos del cinco por ciento de la empresa Solka.
Insistió en que la posición de la mayoría de los accionistas es mantener el diálogo con el gobierno de Daniel Ortega, quien orientó hace tres años al procurador Hernán Estrada, resolver el caso de este laboratorio.
“Esperamos que lo más pronto se llegue a una solución por vía del diálogo”, dijo Solórzano.
A FAVOR DEL WAIVER
El empresario dejó claro que tampoco están de acuerdo con la decisión de la señora Araya Solórzano de solicitar a la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, la petición de negar el waiver a Nicaragua.
Asimismo indicó que los accionistas están preocupados, porque ninguno de ellos quieren afectar la dispensa de propiedad que anualmente otorga el gobierno de los Estados Unidos a Nicaragua.
“Nosotros sabemos lo importante que es la otorgación del waiver, para la economía frágil de nuestro país. Traté de mantener la cohesión de los accionistas, pero no se pudo después de seis años que la empresa y nuestros derechos siguen intervenidos”, explicó Solórzano.
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