En todas partes del mundo, demócrata o civilizado, cuando es indispensable disolver las protestas en plazas y otros espacios públicos, lo hacen las autoridades de la Policía, siempre que sea posible mediante la persuación y solo en casos de extrema necesidad con el uso razonable de la fuerza, que para eso tienen el entrenamiento debido los cuerpos policiales.
Solo en los países totalitarios o dictatoriales, para esos desalojos los gobiernos utilizan fuerzas de choque integradas por matones civiles, que hacen uso de la fuerza bruta de manera irracional e indiscriminada porque no tienen la preparación sicológica y física que se imparte a los miembros de los cuerpos policiales.
Esto es lo que ha ocurrido con los jóvenes demócratas que permanecieron durante un mes en un campamento de protesta frente al Consejo Supremo Electoral, los que fueron desalojados violentamente en la madrugada del jueves 19 de julio por supuestos trabajadores de la Alcaldía de Managua armados con garrotes y machetes.
Los jóvenes desalojados del lugar que denominaron “colina de la dignidad”, sospechan que también había policías vestidos de civil entre los matones que los vapulearon, hirieron en la cara a una joven al golpearla con una silleta metálica y además les robaron todas sus pertenencias personales. Pero la participación de la Policía en la criminal agresión contra los jóvenes no fue demostrada, y además es obvio que no era necesario comprometer al cuerpo represivo institucional en un acto como ese. Más que suficiente complicidad de la Policía fue la hostilidad hacia los protestantes y su indiferencia y hasta regocijo cuando ocurrió la agresión para el desalojo, al filo de la madrugada del 19 de julio, el día de la gran fiesta del Frente Sandinista y el régimen orteguista.
No es la primera vez ni la última que trabajadores de la Alcaldía de Managua son utilizados como turbas, fuerzas de choque e instrumentos de represión contra disidentes y opositores democráticos. En tiempos de la dictadura somocista, lo que hoy es la Alcaldía de Managua se llamaba Distrito Nacional pero sus funciones eran las mismas, no solo en lo que se refiere a cobrar impuestos a la gente y medio reparar las calles y cauces de la ciudad, sino también en la utilización de miembros de su personal como fuerzas civiles de represión política.
Las turbas somocistas del Distrito Nacional que eran encabezadas por la Nicolasa Sevilla y su marido, Eugenio Solórzano, cobraron despreciable notoriedad por sus despiadadas acciones represivas, como por ejemplo el asalto a Radio Mundial el 5 de agosto de 1958, para impedir un mitin por la libertad de los presos políticos, y el ataque a la Casa del Maestro, el 20 de agosto de 1969, para reprimir un movimiento de huelga magisterial.
El régimen sandinista de los años ochenta, que sustituyó una dictadura con otra, perfeccionó el uso de las fuerzas de choque represivas que fueron llamadas “turbas divinas” por el dictador Daniel Ortega. Y ahora la Alcaldía de Managua vuelve a ser utilizada como proveedora de turbas, una práctica repugnante del poder político que, justo es reconocerlo, no hubo durante los gobiernos de la democracia de 1990 a 2007 y sin duda ya no habrá cuando Nicaragua vuelva a ser una república democrática.
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