Lucía Navas
En las últimas semanas el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) se “armó” con un equipo de especialistas tributarios que junto a sus propios asesores y algunos directivos del gremio revisan a detalle la propuesta de Concertación Tributaria presentada por el Gobierno.
Ya se han identificado varios temas que serán recogidos en la contrapropuesta que el Cosep discutirá con el equipo técnico del gabinete económico una vez empiecen a negociar bilateralmente. Está previsto que se sienten oficialmente para revisar las propuestas a mediados de agosto.
La defensa de los incentivos fiscales a los sectores productivos es prioridad para los empresarios. El objetivo es demostrar cómo las exoneraciones y exenciones fiscales que se reciben del Estado se devuelven en generación de empleos, aumento de las exportaciones, en atracción de inversiones y cómo todo esto se refleja en el crecimiento económico de Nicaragua.
Estos resultados serán acompañados por estudios que evalúan cómo la ineficiencia y la burocracia de las instituciones públicas impiden que haya un aporte mayor a la productividad del país.
Ese es el caso de los pequeños productores pesqueros, los cuales por ley están exonerados del pago de los impuestos en la compra de combustibles para los motores fuera de borda que usan en las embarcaciones.
Según la Cámara de la Pesca de Nicaragua (Capenic) el problema se presenta porque “el pequeño productor pesquero no tiene la capacidad de hacer las gestiones” burocráticas en la oficina de Renta de la Dirección General de Ingresos (DGI), el Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura (Inpesca) y el Ministerio de Industria, Fomento y Comercio (Mific), ante los cuales deben inscribirse.
“Los pescadores artesanales que están en las comunidades no tienen esa capacidad de gestión. Entonces al final ellos tienen el beneficio, existe en la ley, pero siguen comprando su gasolina a precio comercial”, señala Armando Segura, director ejecutivo de Capenic.
¿Lo viable? “Tenemos que asegurar, por ejemplo, que a través de las plantas industriales y exportadoras se les haga llegar el beneficio a los pequeños productores pesqueros. Una especie de transferencia, buscar el mecanismo más viable”, afirma Segura.
- incrementó el monto de las exoneraciones que el Estado entregó en 2010 a los diferentes sectores productivos, sociales, Policía y Ejército, con respecto a 2006 .
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- El ordenamiento de las exoneraciones que pretende el Gobierno incluye que la Asamblea Nacional no cree nuevos incentivos para favorecer de forma particular ya sea al sector privado o sociales. Se quiere que las otorgue solo la Ley de Equidad Fiscal. Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, está de acuerdo, pero reconoce que eso requiere “el compromiso de disciplina”, de todos los legisladores.
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CAMBIO EN COMBUSTIBLES
El Gobierno admite que es necesario revisar la carga de tributos que se cobra en Nicaragua para equiparar el pago al resto de países centroamericanos. El resultado de esto sería dar más competitividad a las industrias y productores nacionales.
Silvio Iván Bendaño, abogado tributarista y miembro del equipo del Cosep, plantea que el tema de los combustibles es esencial. Puntualmente se estudia la viabilidad de permitir que a las compañías de importación, distribución y comercialización de derivados de petróleo puedan aplicarse el crédito fiscal por el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La propuesta apunta a armonizar con el resto de Centroamérica el IVA que pagan los derivados del petróleo. “Las compañías petroleras no pueden en este momento acreditar el IVA en sus operaciones porque está incluido en el impuesto conglobado que es el ISC (Impuesto Selectivo de Consumo)”, refiere Bendaña.
Explica que la propuesta es “que se grave el 15 por ciento del IVA separado del ISC conglobado” y de esta forma las empresas petroleras “podrían recuperar, acreditar, el impuesto que pagan”.
“En la actualidad el IVA no es acreditable en estos casos y eso encarece los costos de las compañías (…) Si se generaliza el IVA las empresas serían más competitivas a nivel centroamericano”, asegura Bendaña.
Agrega que el beneficio de la medida será que al reducirse los costos de operaciones de las compañías “tendrían oportunidad de ampliar el mercados e incluso verse un reflejo favorable en los precios de venta de los combustibles” en Nicaragua.
IMPUESTOS EN CASCADA
Al tomarle la palabra al Gobierno con su promesa de armonizar la carga tributaria, el Cosep encuentra importante examinar “el cobro en cascada” que se hace de los tributos en la cadena productiva, sobre todo del IVA.
“Queremos revisar que en todo caso se cobre una sola vez para que eso no afecte los costos de producción”, afirma José Adán Aguerri, presidente del Cosep.
La reducción gradual del Impuesto sobre la Renta (IR) es lo primero en agenda. La propuesta del Gobierno es bajar la tasa del 25 por ciento al 20 por ciento, pero reducirla gradualmente un punto porcentual por año.
“Vamos a concentrarnos primero en el IR, continuaremos en el IVA e ISC, luego los beneficios tributarios. Haremos un énfasis en que el sector privado presente una serie de propuestas que realmente incentiven la inversión y otras que son torales para nosotros como es la educación”, sostiene Aguerri.
¿EXTENDER AÑOS DE BENEFICIO?
Oficialmente el gabinete económico tranquilizó a los empresarios porque no modificará los incentivos del régimen de zona franca, por tanto, esas empresas seguirán libres del pago de impuestos.
Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec), valora como correcta la decisión de dar estabilidad a las plantas en operación y a las nuevas inversiones, que están impactando de forma positiva en generación de empleos locales y crecimiento de las exportaciones.
“Hoy por hoy nuestro valor agregado va creciendo. Empezamos con un 15 por ciento y hoy está llegando al 30 y 40 por ciento”, afirma García.
Pero un punto que sí será abordado es hasta cuándo estarán en vigencia de los beneficios que por ley tiene el régimen de zona franca en el país.
Anitec apunta que sea entre 2030 y 2035. “Porque (el beneficio) está sujeto a un requisito de que el país llegue a un ingreso per cápita del PIB de los mil dólares con valor al año 1990, por tres años consecutivos”, justifica García.
“Ahorita los datos preliminares indican que el ingreso per cápita en Nicaragua, con valor a 1990, está como en 890 dólares”, asegura. Anitec prepara un estudio técnico para sustentarlo ante el Gobierno.
García, basado en los datos preliminares del estudio, dice que esta proyección se hace calculando un crecimiento económico del cinco por ciento anual de forma sostenida.
En cambio, si el crecimiento fuese del 8 por ciento por año, Anitec estima que el esquema del régimen de zona franca durará hasta 2025. Según García, es esencial en ese lapso de tiempo que se ejecute un plan de desarrollo del sector, a fin de garantizarle la capacidad de seguir creciendo cuando se acabe el régimen.
Apuntan a dos áreas. “Seguir con la industria tecnificada, donde vengan plantas para producción de hilo, tela y de toda la cadena logística textil y confección. Y segundo, atraer inversiones tecnológicas”, concluye García.
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