Martha Vásquez
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron señalados este lunes de retardación de justicia y de ejercer violencia en el ejercicio de su función pública contra las mujeres, al mantener engavetados los recursos por inconstitucionalidad del aborto, que introdujeron las mujeres hace cuatro años.
“Siempre venimos a recordarles que tienen esa cuenta pendiente, sin embargo hay mucha desfachatez de parte de los magistrados. Les recordamos que el artículo 16 de la Ley 779 que entró en vigencia hace 23 días tipifica la violencia en el ejercicio de la función pública, y la retardación de justicia es violencia”, expresó Marta María Blandón, del grupo estratégico por la despenalización del aborto terapéutico.
Con mantas y pancartas las mujeres detuvieron el tráfico vehicular frente al edificio de la Corte por unos 40 minutos. Luego fueron recibidas por el secretario general de la CSJ, Rubén Montenegro, quien les recibió el escrito donde demanda pronta resolución de los recursos por inconstitucionalidad de los artículos 143, 144, 148 y 149 del Código Penal de Nicaragua, que penalizan el aborto terapéutico.
CONSECUENCIAS
Según Blandón, existen cifras a partir de monitoreos de los medios de comunicación, que resaltan que más de 300 niñas cada año salen embarazadas producto de violación.
“Según el Ministerio de Salud en el 2009 más de 1,500 niñas menores de 14 años egresaron con un parto de los centros hospitalarios y de acuerdo con lo que dice el Código, toda niña menor de 14 años que sale embarazada hay que presumir que hubo un acto de violación, porque una niña no está apta para consentir una relación sexual y menos un embarazo”, dijo la feminista.
Para el magistrado Manuel Martínez, miembro de la Sala Constitucional de la Corte, lo que falta es voluntad política de sus colegas, ya que el expediente está engavetado en la oficina del magistrado Francisco Rosales, presidente de dicha sala.
“Es politiquería y falta de voluntad. Yo estoy dispuesto a resolver esos recursos cuanto antes”, dijo Martínez.
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