La OEA y en particular su secretario general, el político chileno José Miguel Insulza, han sido objeto de severas pero merecidas críticas por sus actuaciones erráticas y su indiferencia ante las violaciones a la Carta Democrática Interamericana que cometen los regímenes populistas de América Latina.
Cuando Manuel Zelaya fue destituido de su cargo de presidente de la República de Honduras, por decisión de los poderes legislativo y judicial de ese país, a fines de junio de 2009, la OEA e Insulza reaccionaron velozmente y se alinearon con los gobiernos autoritarios del Alba, incluso con la dictadura comunista de Cuba, para tratar de derrocar al presidente provisional democrático Roberto Micheletti, quien no tenía intención ni interés en quedarse en el poder ni un día más después de terminar su interinato y de que tomara posesión un nuevo presidente escogido por el pueblo en elecciones libres, limpias y vigiladas por observadores internacionales.
En absoluto contraste, la OEA y su secretario general se han mantenido indiferentes ante los virtuales golpes de Estado desde arriba que han sido perpetrados en algunos países de la región, como Nicaragua, donde la democracia ha sido erosionada y poco a poco se ha venido restaurando una dictadura que no se sabe cuánto tiempo durará, ni cuánto costará volver a sacarla del poder.
Sin embargo, así como criticamos a la OEA y su secretario general por guardar silencio ante los golpes de Estado desde arriba, como el que Daniel Ortega ha perpetrado en Nicaragua contra las instituciones de la democracia, violando la Carta Democrática Interamericana de la misma OEA, también debemos reconocer la corrección política de Insulza en el caso de Paraguay.
Como es bien sabido, el Congreso de Paraguay destituyó al expresidente Fernando Lugo, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 225 de la Constitución y cumpliendo escrupulosamente el procedimiento constitucional. Pero por afinidad ideológica con Lugo los gobernantes del Alba y sus aliados excluyeron a Paraguay de la Unasur y el Mercosur, en los que tienen hegemonía, y han presionado a la OEA para que haga lo mismo. Pero esta vez los gobernantes autoritarios del Alba no han conseguido su propósito.
En efecto, después de encabezar una delegación que visitó Paraguay, Insulza presentó el martes 10 de julio un informe al Consejo General de la OEA, en el cual dictaminó que lo ocurrido en aquel país ha sido una “crisis institucional” no un golpe de Estado. Y sobre la base de ese informe la OEA rechazó de hecho la exigencia de los representantes de los agresivos gobiernos del Alba, incluyendo al de Daniel Ortega, de que Paraguay fuera expulsado de esa organización hemisférica.
De modo que en Paraguay, aunque sea a regañadientes el secretario general de la OEA ha hecho lo básicamente correcto, sin ceder a las presiones de los gorilas del Alba. Pero en Nicaragua seguimos esperando que la OEA e Insulza, por lo menos alcen su voz de protesta contra el golpe de estado “institucional” de Daniel Ortega y sus violaciones flagrantes a la Carta Democrática Interamericana.
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