Elízabeth romero
Los jefes de algunas penitenciarías del país están preocupados por la situación que enfrentan con las órdenes de libertad que emiten algunos jueces a favor de privados de libertad, sobre todo aquellos con vínculos al narcotráfico.
Ante la CPDH ellos expusieron que el problema se origina porque las órdenes de libertad deberán ser acatadas únicamente con las resoluciones de la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales.
La abogada de la CPDH, Karla Sequeira, confirmó que en un reciente recorrido por las penitenciarías del país ellos expusieron a los jefes de los penales la situación denunciada por privados de libertad, que aún están presos pese a que los jueces ya ordenaron su excarcelamiento.
En el primer semestre la CPDH registró unas diez denuncias por este hecho. Y aunque muchos de ellos han introducido recursos de amparo ninguna autoridad penitenciaria las acata.
El 3 de julio del presente año, LA PRENSA publicó que la Sala Penal del Tribunal de la Circunscripción de Las Segovias impuso una multa del ocho por ciento de su salario al jefe de la Penitenciaría de Estelí, Carlos Manuel Muñoz, por haber caído en desacato a la autoridad.
Esto fue porque el pasado 9 de mayo una juez de Ejecución y Sentencia le otorgó a Carlos Johny González Figueroa la suspensión de la pena.
El detenido cumplía pena por falsificación de moneda nacional y aunque las autoridades solicitaron a los familiares del detenido que realizaran el procedimiento establecido, después se rehusaron a dejarlo en libertad.
Sin embargo, los funcionarios expusieron que en caso de delitos vinculados con el crimen organizado, ellos tienen una orden de que la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, es la que determina si esas personas pueden obtener su libertad o no.
Y esto los coloca en una difícil situación pues si acatan la orden del juez se exponen a ser sancionados y si no lo hacen son multados por los judiciales.
Por tanto, Sequeira dice que esto les lleva a interpretar que ese mecanismo continuará.
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