Los diputados se fueron de vacaciones por más de un mes sin haber nombrado a los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), a pesar de que por mandato constitucional están obligados a elegirlos y además porque quienes ejercen actualmente esos cargos, son funcionarios de facto que no merecen respeto ni confianza pública después de haber perpetrado tres grandes fraudes consecutivos.
Han sido vanos los enamoramientos parlamentarios del partido opositor PLI al FSLN, votando por casi todas las iniciativas legislativas del Gobierno, para tratar de convencerlo de que acepte la elección del CSE y le conceda tres de los siete magistrados propietarios que lo componen.
Tampoco han tenido eficacia las presiones de los grupos democráticos extraparlamentarios que están plantados en ayuno político frente al Consejo Electoral, en Managua y en Estelí, para exigir la elección de magistrados independientes y confiables que permitan creer que vale la pena participar en las próximas elecciones municipales.
A observadores nacionales y extranjeros les llama la atención que Daniel Ortega no quiera que se elija a los magistrados electorales, a pesar de que cuenta en la Asamblea Nacional con una mayoría de 64 diputados, del total de 92 , o sea 8 votos más que los 56 de la mayoría calificada del 60% que de acuerdo con la Constitución se requiere para realizar esta elección de segundo grado.
Con su negativa a elegir los nuevos magistrados electorales, Ortega pareciera querer demostrar que no le importan las denuncias de la oposición, la sociedad civil y la Iglesia católica, de que el país se encuentra en una situación de ilegitimidad institucional. Y demostrar también que está satisfecho con el desempeño fraudulento de Roberto Rivas y compañía en el CSE.
Sin embargo, la verdadera razón por la cual Ortega no ha querido autorizar la elección de los magistrados electorales, es que no quiere satisfacer la demanda del PLI, de que tres de los siete magistrados del CSE sean escogidos entre candidatos de la oposición o independientes. Si Ortega aceptara esta demanda del PLI, aparentemente mantendría el control sobre el CSE pues seguiría teniendo a la mayoría de los magistrados, mientras que los representantes de la oposición o independientes quedarían en minoría y solo podrían denunciar las anomalías que puedan observar, si es que no terminan sometiéndose al orteguismo con el pretexto de que “la calle está dura”, como dijeran los antiguos magistrados electorales puestos por el PLC y Arnoldo Alemán para justificar su claudicación.
No obstante, en el CSE la mayoría simple de cuatro magistrados es válida para las resoluciones ordinarias pero no para la elección de su presidente y vicepresidente, pues en este caso se requiere una mayoría calificada de cinco de los siete miembros del CSE, según el artículo 12 de la Ley Electoral. De manera que si Ortega aceptara la demanda del PLI tendría que negociar la presidencia del CSE y elegirla por consenso con la oposición, lo cual es una condición democrática a la cual el PLI no debe renunciar.
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