Como indiqué en mi escrito anterior relacionado con los waivers (dispensas), Nicaragua podría sufrir un devastador impacto económico-social de no tener la renovación de la dispensa de la propiedad que al fin de este mes de julio decidirá la Secretaría de Estado de los Estados Unidos.
Insistentemente, desde todos los sectores políticos, sociales, económicos y religiosos del país le hemos hecho y se le ha señalado hasta la saciedad, al presidente inconstitucional Daniel Ortega, las probables consecuencias desastrosas para Nicaragua si él mantiene su actitud soberbia e irresponsable de no permitir los cambios de magistrados de los diferentes poderes del Estado, vencidos desde hace más de un año.
Hemos indicado que la no renovación del waiver en cuestión suspendería el desembolso de cuantiosas sumas de dinero provenientes de diversas fuentes multilaterales de financiamiento.
Y para muestra un botón. Solo en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al día de hoy, se encuentran en tubería diversos proyectos que suman un total de US$$126,865,390.00.
En detalle, estos proyectos son: agua y saneamiento en ciudades secundarias de Nicaragua, US$$31,470,000.00; Apoyo al sector transporte II, 59,200,000.00; Emprendimiento y liderazgo ambiental para geoturismo sostenible, US$$500,000.00; Programa integrado y sostenible de manejo de residuos sólidos en la Región Atlántica, US$$669,190.00; Programa nacional de electrificación sostenible y energía renovable III, US$$35,000,000.00; Redes integrales de salud, US$$26,200,000.00.
Poco más del noventa y nueve por ciento de ese monto total, de acuerdo a la información del mismo BID, sería ejecutado por diversas instituciones del Estado de Nicaragua. Y, sin excepción alguna, todos estos proyectos están dirigidos a beneficiar a los nicaragüenses en temas de salud, acceso al agua potable, acceso a la energía eléctrica para miles de nicaragüenses que carecen de ese básico servicio y, de protección ambiental que por sí, es un importante coadyuvante para la prevención sanitaria de las familias nicaragüenses.
Ortega, de forma virulenta y confrontativa aduce que este es un tema de soberanía nacional y que él es el dueño de la decisión de cambios políticos e institucionales en Nicaragua, óptica totalmente equivocada, ya que la soberanía política y no territorial de un pueblo descansa primordialmente en las oportunidades de desarrollo socio-económico y en el nivel de reducción de pobreza que se le dé al pueblo mismo. Y con actitudes como las de Ortega, atentando abiertamente a la probabilidad de que perdamos recursos destinados a obras como las previamente detalladas, más bien, debilita y deja huérfana nuestra ya escasa soberanía nacional, y la deja a merced de Hugo Chávez y su proyecto expansionista y de confrontación con Estados Unidos y el mundo occidental democrático.
Ante este probable escenario, como ciudadano y representante de los nicaragüenses ante la Asamblea Nacional, e interesado por buscar un futuro mejor para los ciudadanos de esta nación, demando al FSLN y a su secretario general la inmediata elección de magistraturas pendientes. Que asuman la responsabilidad de país y contribuyan en evitar una posible pérdida de estos importantes proyectos, tan necesitados por los nicaragüenses, así como la probabilidad de una mayor, drástica e innecesaria crisis económica para este sacrificado pueblo.
El autor es diputado PLI.
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