El presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega, no ha permitido que los empresarios privados independientes tengan representación en la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, la cual quedó establecida en la ley aprobada el martes pasado en la Asamblea Nacional con el respaldo de la oposición, incluyendo la abstención de los dos diputados del MRS.
Este rechazo es considerado por algunos observadores como una torpeza política de Ortega, pues la presencia del empresariado nicaragüense en el proyecto del canal interoceánico en Nicaragua le daría credibilidad ante los países y consorcios que podrían estar dispuestos a correr el gran riesgo de invertir su capital en una empresa de tan enorme magnitud. En realidad, es fácil comprender que si acaso fuese viable esta empresa “faraónica”, por responsabilidad gubernamental se debería ejecutar como un proyecto nacional, inclusivo, amplio y pluralista.
Cabe recordar que el actual proyecto de canal interoceánico no es una idea original de Daniel Ortega, sino que fue concebido por el gobierno liberal de Arnoldo Alemán y diseñado por el gobierno también liberal de Enrique Bolaños, quien lo presentó oficialmente a la comunidad internacional a principios de octubre de 2006 y lo dejó listo para ser aprobado por la Asamblea Nacional. Y hay que recordar igualmente, que en la Comisión de Trabajo del Gran Canal creada en 1999 por el gobierno de Alemán y reorganizada en 2002 y 2006 por la administración presidencial de Bolaños, se incluyó no solo a miembros de la empresa privada sino también del Frente Sandinista. Dionisio Marenco fue el representante del FSLN en aquella Comisión, hasta que por haber perdido la confianza de la pareja Ortega-Murillo fue sustituido con Samuel Santos, quien era secretario de relaciones internacionales del Frente Sandinista y desde enero de 2007 ha sido el canciller de Daniel Ortega.
Pero aunque la torpeza no es ajena a los gobernantes, sino al contrario y sobre todo cuando son autocráticos y arrogantes, este no es necesariamente el caso de Daniel Ortega al excluir de la Autoridad del Gran Canal al sector empresarial y la oposición. En realidad, lo que explica la monopolización del proyecto canalero es que Ortega lo está concibiendo como un objetivo estratégico partidista, no solo para procurarse cuantiosos beneficios económicos sino también para justificar su continuidad personal en el poder después de 2017. Y sobre todo, para facilitar los planes geopolíticos de sus amigos y aliados de China, Rusia, Irán y Venezuela, los posibles financiadores del proyecto canalero que son adversarios o enemigos de EE. UU. y pretenden quitarle el liderazgo internacional.
Es evidente que la Guerra Fría está de regreso en el mundo y en la región, con modalidades diferentes a las del siglo pasado pero con el mismo objetivo de los adversarios y enemigos de EE. UU., de arrebatarle la hegemonía mundial incluso en su traspatio de las Américas y el Caribe. Por eso es que no se permite que la empresa privada y la oposición política participen en el proyecto canalero, el cual, por su propia naturaleza y magnitud, y para su éxito, debería ser amplio, inclusivo y transparente.
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