Martha vásquez
Los trabajadores del Archivo Nacional de Índices de la Dirección General de Registros y Control de Notarios de la Corte Suprema de Justicia están molestos porque aseguran que algunos magistrados del poder judicial quieren facilitar el traslado de área, de su compañera Claudia Herrera, quien se encuentra suspendida sin goce de salario por presuntas anomalías en sus funciones.
Además se está investigando la pérdida parcial del índice del notario José Román Guillén y la sustracción del índice de la notaria Gloria Rosales Espinoza. También está pendiente la conclusión de la investigación del juez de Tipitapa, Guillermo García, quien actualmente está suspendido.
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“No estamos de acuerdo con el traslado de Claudia a la Sala Penal, porque sería premiar a los corruptos. Si aquí actuó mal en la Sala Penal puede hacer cosas peores”, aseguró la denunciante.
Inspectoría Judicial y la Policía Nacional está investigando la posible implicación de Herrera en la utilización del protocolo de 1979 del notario fallecido Oscar Danilo Barreto Terán, del cual se han desprendido hechos ilícitos, que la Policía aún investiga.
El Consejo de Administración y Carrera Judicial suspendió la semana pasada sin goce de salario a Claudia Herrera, Freddy Peña y Eduardo Pérez, trabajadores del Archivo Nacional de Índices de la Dirección General de Registros y Control de Notarios de la Corte, por estar supuestamente implicados en anomalías.
De acuerdo con los denunciantes, la señalada está utilizando sus influencias dentro de la Corte para que le autoricen el traslado a la Sala Penal.
“SON RUMORES”
El magistrado de facto Armengol Cuadra, presidente de la Sala Penal de la Corte, expresó que esos son “rumores”, porque aún no se ha autorizado el traslado, “ella está suspendida y eso se resolverá hasta que terminen las investigaciones”.
La semana pasada los denunciantes, que para no perder su trabajo piden el anonimato, firmaron un pronunciamiento donde solicitaron al Consejo de Administración y Carrera Judicial se pronunciara cuanto antes sobre esta investigación y suspenda de sus labores a los servidores públicos involucrados, en vista que están “denigrando” la reputación de los empleados del poder judicial.
El Consejo de Administración y Carrera Judicial de la Corte aún está a la espera de los resultados de la investigación.
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