Ramón H. Potosme
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) insistió en su solicitud al inconstitucional presidente Daniel Ortega de vetar la ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Aguerri consideró que con la Ley está en juego la privacidad de los nicaragüenses y que así lo han manifestado en las conversaciones que han sostenido con el Gobierno en los últimos días.
“Ellos conocen nuestra posición y esto es una situación que hacemos como empresarios y como ciudadanos. No puede ser que una autoridad discrecionalmente pueda pedir información de cualquier nicaragüense sin que exista razón alguna para hacerlo”, dijo Aguerri.
El líder empresarial señaló que de esta manera todos los nicaragüenses se convierten en sujetos obligados a dar información a la UAF, una función que según él, no tienen instituciones similares en América Latina.
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Pero el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, el sandinista Wálmaro Gutiérrez, consideró que el presidente tiene facultades para vetar o no la Ley igual que la Corte Suprema de Justicia de resolver sobre algún recurso de inconstitucionalidad, pero que muchos de los argumentos planteados por el sector empresarial son falsedades o medias verdades.
Gutiérrez consideró que es falso que la UAF pueda ser utilizada para persecución política porque se lo prohíbe claramente el artículo siete de la Ley de Seguridad Democrática, donde está enmarcada la UAF.
El legislador explicó que la UAF , de acuerdo con la Ley de Seguridad Democrática, tiene prohibido intervenir cartas, comunicaciones o la vida privada. Lamentó que este enfoque no sea entendido por algunos miembros del sector empresarial.
DIPUTADO DESCONCERTADO
“A mí me tienen personalmente desconcertado, debemos entender que la UAF es para desarrollar labores de prevención al combate de lavado de dinero, al crimen organizado y el financiamiento al terrorismo. Si quieren debilitar a la UAF ¿a quién le hacemos el favor?”, dijo Gutiérrez.
Por otro lado, rechazó que todos los nicaragüenses sean sujetos obligados, tal como lo planteó Aguerri. Señaló que el artículo nueve de la Ley recién aprobada establece una lista clara de quiénes están obligados a enviar información a la UAF de manera recurrente y periódica. Pero que adicionalmente para casos concretos, y a través de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIC) puede solicitar información a todo ciudadano. Resaltó que esa facultad ya la tiene la DIC.
“Todos los ciudadanos tenemos información que le puede ser de utilidad a la UAF y podemos servir a través de la DIC. Eso no te hace un sujeto obligado, si no tenés información, sencillamente no tenés”, agregó Gutiérrez.
Calificó como falso que el Grupo Financiero del Caribe (Gafic) exija una lista taxativa y que ello lo pueden advertir en las recomendaciones de esa institución.
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