Tania Sirias
Los directivos del Movimiento por Nicaragua (MpN) sentaron ayer su posición de rechazo a los artículos 4 y 9 a la Ley de Unidad de Análisis Financiero (UAF), la cual calificaron como “una herramienta de represión política”, de parte del gobierno ilegal de Daniel Ortega.
El jurista Carlos Tünnermann expresó que dicha ley amenaza varios derechos humanos, ya que convierte a cualquier ciudadano “en un sujeto obligado”, sobre el cual la UAF puede solicitar información de sus transacciones financieras sin orden judicial.
PODER ABSOLUTO
La directiva Violeta Granera recordó que este tipo de acciones ya las cometió el gobierno de Ortega hace cuatro años, cuando haciendo uso del poder absoluto ordenó el allanamiento ilegal de las oficinas del Centro de la Comunicación (Cinco) y las oficinas del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).
“Esto lo hicieron bajo la acusación de lavado de dinero y en clara violación a los derechos humanos, a la Constitución y al debido proceso de un Estado de Derecho”, argumentó Granera.
Tünnermann expresó que debido a esas violaciones también respaldan al sector empresarial, que demanda un veto parcial a la Ley UAF.
Ortega tiene 15 días para vetar total o parcialmente la ley. Si es promulgada, este organismo introducirá un recurso de amparo y de inconstitucionalidad, pese a que el poder judicial está partidarizado.
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