Ramón H. Potosme y Lucía Navas
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, no espera recibir una carta firmada por el inconstitucional presidente Daniel Ortega, respondiendo con “un sí o un no” sobre la elección a los funcionarios en los cargos con períodos vencidos. Lo que quieren son hechos inmediatos de que los nombramientos se harán antes del receso de la Asamblea Nacional a mediados de julio.
La respuesta es urgente por cuanto el 30 de julio próximo es el plazo del gobierno de Estados Unidos para otorgar las dispensas o waivers a Nicaragua de los que depende continuar la cooperación bilateral y la de los organismos financieros internacionales.
Mientras el diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Eliseo Núñez Morales considera que la posición de la embajadora Phyllis Power respecto del waiver no se distancia mucho de la secretaría de estado de Estados Unidos.
Según él, la posibilidad que Nicaragua no obtenga este año las dispensa o los waivers, tal como lo afirmó Powers, se debe a que en el país no hay condiciones de transparencia, mientras haya un sinnúmero de funcionarios sin ser electos.
Según el líder empresarial, tales señales confusas demuestran la falta de información a lo interno del ejecutivo que desconoce la decisión que tomará finalmente el inconstitucional mandatario Daniel Ortega.
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José Adán Aguerri, presidente del Cosep.
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Mientras, el canciller Samuel Santos evitó pronunciarse sobre el tema y prefirió dejar que el gobierno de Estados Unidos informe sobre los waivers. Según él, es algo que no inventó Nicaragua y tampoco algo ya planteado.
Núñez Morales considera que la dificultad por recibir los waivers no terminará porque alguien cabildee a favor o en contra, sino que está sujeto a las condiciones de ilegalidad en que funciona el país.
Recordó que la decisión de otorgar las dispensas o no, es una decisión soberana del gobierno estadounidense igual que como Ortega se ufana de la decisión soberana de mantener funcionarios de facto usurpando los cargos de distintas entidades y poderes del Estado.

El Cosep y Amcham enviaron una misiva al Ortega pidiendo se encauce al país en la institucionalidad democrática y se elija a más de 60 funcionarios que usurpan cargos cuyos periodos constitucionales han vencido.
“No es una respuesta que está basada específicamente en la incertidumbre que genera el tema waivers, sino porque ya no hay razón alguna para que no se tenga que responder a los planteamientos de institucionalidad. Ya están vencidos los cargos, el presidente (Ortega) tiene mayoría en la Asamblea, puede conforme a lo que ha expresado públicamente buscar el acuerdo en esa decisión que no se va a imponer el criterio del presidente”, sostiene Aguerri.
Pero el “pegón” al parecer es la exigencia de empresarios, Iglesia católica, sectores políticos y la sociedad civil en que se cambien a todos los magistrados del poder electoral. Acá “las especulaciones”, según Aguerri, giran en que si debe o no permitirse principalmente que Roberto Rivas, actual presidente de facto del CSE, siga como magistrado.
Antes el diputado Eduardo Montealegre, líder del Partido Liberal Independiente, la segunda fuerza en los últimos comicios, solicitó un diálogo político con Ortega, pero este no le ha respondido.
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