El consenso roto
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) se ha lamentado de que el gobierno del inconstitucional presidente Daniel Ortega haya roto el consenso que han venido concertando desde el año 2009 y mediante el cual han logrado aprobar de común acuerdo 53 leyes de carácter económico.
La queja del Cosep se refiere específicamente a que esta semana la aplanadora legislativa orteguista impuso en la Asamblea Nacional la ley creadora de la Unidad de Análisis Financiera (UAF), sin tomar en cuenta las observaciones empresariales y las mociones opositoras para que este organismo no atente contra los derechos individuales ni sea usado para el espionaje y la represión.
Prácticamente desde que Ortega recuperó el poder a principios de 2007, el Cosep se ha venido entendiendo con el Gobierno para consensuar todas o las más importantes decisiones legislativas y administrativas de carácter económico. Esto le ha granjeado a esa cúpula empresarial severas críticas de parte de la oposición política y las organizaciones de la sociedad civil que promueven ciudadanía y defienden la democracia, las cuales consideran que el sector empresarial no solo debe velar por sus intereses económicos particulares, sino también comprometerse en la denuncia vigorosa del poder autoritario y participar activamente en la lucha por la recuperación de la institucionalidad democrática, la constitucionalidad y el Estado de Derecho, que están siendo gravemente socavados por el régimen orteguista.
No obstante el amarre del Cosep con el Gobierno, muchos empresarios privados son perjudicados por las abusivas políticas gubernamentales de extorsión fiscal y aduanera, invasión de propiedades privadas y competencia desleal de los voraces empresarios orteguistas, quienes aprovechan el poder del Estado o la protección gubernamental para crear y desarrollar sus propios negocios sin riesgos competitivos.
Sin embargo, en términos generales el entendimiento del Cosep con el Gobierno le ha permitido al gremio empresarial evitar peores daños económicos del régimen orteguista, como los causados en los años ochenta por la dictadura sandinista que fue encabezada por el mismo Daniel Ortega. Además, según los líderes empresariales el consenso del Cosep con el Gobierno ha contribuido a que se mantenga la sanidad macroeconómica del país y ha servido para alentar la expansión de la economía nacional en los últimos años, sustentada en las facilidades y los réditos del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, EE.UU. y República Dominicana (DR-Cafta) y a los coyunturales buenos precios internacionales de los principales productos nicaragüenses de exportación.
Pero el orteguismo es un mal socio que en cualquier momento puede traicionar a sus compañeros de ruta, ya sea porque carece de sentido de lealtad o porque su compulsión totalitaria siempre es más fuerte que su propia conveniencia gubernamental. Decimos esto porque es obvio que al régimen orteguista le conviene no solo mantener el consenso con el Cosep, sino llevarlo incluso al cogobierno económico. Sin embargo, el orteguismo, desestimando su interés de gobierno ha roto el consenso con el Cosep en el tema de la Unidad de Análisis Financiera (UAF), porque le importa mucho más que este organismo pueda ser usado como instrumento de espionaje y represión, no como un medio para combatir el lavado de dinero de origen criminal.
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