Leónidas Arévalo Sándigo
Veintidós años han transcurrido de la fecha que fue atrozmente inmolado Jean Paul Genie, al aventajar en su vehículo, sobre la Carretera a Masaya, la caravana militar del entonces jefe del Ejército Popular Sandinista, Humberto Ortega. Fue la noche del 28 de octubre de 1990 en horas tempranas.
Dijo el forense, después del examen del cadáver, que las ráfagas masivas de AK que impactaron el cuerpo de Genie se alojaron en oleadas en el tórax. En aquella ocasión también transcurrieron veintidós meses, después del crimen, para que el juez que investigó el asesinato, por denuncia del Procurador General de la República, decidiera inhibirse mediante sentencia, pero inculpó en la causa a 10 escoltas del general Humberto Ortega, que iban en los jeep renegados.
La sentencia aludida se conoció al mediodía del 2 de julio de 1992.Aquella acción cobarde y brutal durante nueve meses la investigó la Policía, apoyada por expertos que llegaron de Venezuela y llegó a la inevitable conclusión que los sostpechosos directos de la muerte de Genie fueron los “ciudadanos integrantes de la escolta del general Humberto Ortega”.
Los militares que esa noche, sin advertencia, dispararon con odio irreparable y que el juez inopinadamente incriminó, fueron Danilo Chacón Rivas, Julio Cruz, Danilo José Matus, José Ángel Velásquez, Arnulfo Morales Montes, José Guido Peñas, Alejandro López Rodríguez, José Mariano Rodríguez y como encubridores José Ramón Orozco Pérez y César Núñez, (exp: 145/91)
.En aquellos días aciagos imperaba la Constitución Política de 1987, la que en su Arto. 159, párrafo segundo, se estableció la jurisdicción militar, lo que equivalía a institucionalizar el fuero militar y el fuero atractivo.
Es decir, amparados en esta norma constitucional, el expediente lo arrastró la Auditoría Militar, para continuar las investigaciones, según aseguraron, sin constituir obviamente la horrenda acción, un delito de naturaleza militar. Doce años antes apareció el Decreto 591, o Ley de Organización de la Auditoría Militar y el Procedimiento Penal Militar Provisional, publicados en La Gaceta, Diario Oficial, No. 292, el 18 de diciembre de 1980.
Ahora bien, los jeep renegados negros, descritos por los testigos y que iban en la caravana militar de Ortega, el juez jamás los encontró, pues días después precipitadamente los vendieron y el paradero de los nuevos dueños se los tragó la inescrutable complicidad del personal de las instalaciones del complejo militar doble cero tres.
La Auditoría Militar y la Comandancia General, cuyo jefe en 1992 era Humberto Ortega, malogró a extremos deplorables la montaña irrefutable de evidencias que contenía el expediente judicial. Obviamente, los hechos y circunstancias que culminaron con el crimen abominable de Jean Paul fueron deleznablemente retorcidos y torpemente desvanecidos.
Pero antes, el juez que investigó los hechos, pese a las amenazas de los poderosos, no se amedrentó y sindicó como presuntos autores y encubridores de la muerte de Genie a los diez escoltas de Ortega, inscribiendo sus nombres y apellidos en el alucinante pabellón del horror, que las generaciones futuras no deben olvidar.
Al final, viene a mi memoria, lo que escribió Alexandr Soljenitsin en su libro Archipiélago Gulag: “Debemos condenar públicamente la idea misma de que unos hombres puedan castigar cruelmente a otros. Cuando callamos el mal, lo metemos en el cuerpo para que no asome: Lo estamos sembrando, y mil veces volverá a brotar en el futuro.
Si no castigamos y ni siquiera censuramos a los malvados, estamos haciendo algo más que cuidar su miserable vejez: estamos socavando por debajo de las generaciones futuras todas las bases de la justicia. Los jóvenes asimilan que la vileza jamás se castiga en la Tierra, que ayuda a prosperar. ¡Qué incómodo y qué terrible será vivir en un país así!”.
El autor es abogado.
