Hace unos años cuando empezaba la telefonía Móvil en Nicaragua había un anuncio en que se hacía una pregunta: ¿para qué es un celular? Un sinnúmero de respuestas dejaban clara la necesidad de tener uno de estos hoy muy populares dispositivos. Saco a colación esto porque en Nicaragua parece que desde que empezó la descomposición institucional muchos al hacer la pregunta: ¿para qué es la institucionalidad? respondían que es un producto solo del interés de los políticos y algunas organizaciones de la sociedad civil. Pero lamentablemente el tiempo nos dio la razón a quienes decíamos que era importante.
Con el caso de Julio César Osuna hemos visto cómo la descomposición por motivaciones políticas puede ser aprovechada por quienes se dedican al crimen organizado, es decir la misma falta de institucionalidad que permite robarse una elección y a un empresario hacer dinero por contactos en el Gobierno, también permite al crimen organizado estructurar sus redes mafiosas con fines funestos.
El caso es que con esto queda demostrado que los gobiernos que destruyen la base institucional del Estado, en el mediano plazo son incapaces de sostenerse frente a los halagos que el crimen organizado puede hacer a sus funcionarios. Es fácil imaginar que dichos funcionarios van acumulando “méritos” políticos y después se le hace difícil al beneficiario de estos ir en contra de ellos, cuando uno de ellos o varios se salen al margen de la ley en ámbitos diferentes que el político (para lo cual están autorizados). Es decir, preguntémonos que si en lugar de Osuna el que hubiese sido atrapado en crímenes mafiosos fuese Roberto Rivas, ¿habrá tenido la capacidad moral Daniel Ortega de mandar a capturarlo como lo hizo con Osuna? La respuesta es obvia.
De tal forma que este caso termina con los paradigmas que han estructurado la filosofía de la relación pragmática con el autoritarismo, pues quedó claro que hacer dinero en las empresas y combatir el narcotráfico no es suficiente para sostener ambas cosas, si no hay institucionalidad. Y lo que es peor, si el crimen organizado entra al país, no son los hijos de los políticos y grandes empresarios los que estarían en la primera línea de combate. Serán los hijos de la gente más humilde, unos como policías y otros como delincuentes, los primeros afectados. Ojalá tomemos conciencia del tamaño de este problema y le demos una solución integral, no solo enseñar cabezas de quienes no tenían el peso para ser imprescindibles. Para esto es que sirve la institucionalidad.
Para finalizar retomo las palabras de San Agustín, obispo de Hipona: “Sin justicia, ¿qué son los reinos sino una gran banda de ladrones?”.
El autor es diputado suplente por la Alianza PLI.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
