Según la enciclopedia electrónica Wikipedia, los narcoestados son “aquellos países cuyas instituciones se encuentran influenciadas de manera importante por el narcotráfico, y cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales”. Y de acuerdo con los expertos de organismos internacionales y ONG especializados, los países que se convierten en narcoestados, o Estados fallidos, son aquellos donde la institucionalidad es precaria y se gobierna con autoritarismo y discrecionalidad.
A la luz de estas ideas, el caso del magistrado de facto del Consejo Supremo Electoral implicado en el grave caso de narcotráfico de la banda de “El Palidejo”, no se podría considerar como prueba de que Nicaragua es un narcoestado. Sin embargo, es un indicio de que el país está avanzando en esa dirección negativa, pues una de las características del narcoestado consiste precisamente en que funcionarios estatales utilizan sus cargos y privilegios oficiales, para participar en actividades del crimen organizado en general y del narcotráfico en particular .
El régimen de Daniel Ortega, en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico desde que recuperó el poder absoluto en enero de 2007, ha venido emitiendo señales contradictorias y confusas. Primero arremetió contra la DEA, la agencia del Gobierno de Estados Unidos para el combate contra el narcotráfico y actúa de manera conjunta con los gobiernos latinoamericanos y del Caribe. Después, Ortega asoció su gobierno a países que claramente son narcoestados, donde incluso exmagistrados de justicia y altos militares retirados que ahora se encuentran exiliados o están presos, han denunciado las conexiones de sus gobernantes con el crimen organizado.
Sin embargo, cuando la Subsecretaria Adjunta de la Dirección de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christy A. McCampbell, visitó Nicaragua el 4 de febrero de 2008, Ortega declaró entusiasmado que estaba abriendo “una nueva etapa en las relaciones del Gobierno de Nicaragua con el Gobierno de los Estados Unidos, en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”. Y la funcionaria estadounidense dijo a Ortega con igual entusiasmo: “Es un gran privilegio trabajar con usted y su país (Nos) sentimos honrados de poder trabajar en alianza con usted, como un solo equipo ”
¿Quién engaña a quién o está simulando que se deja engañar? ¿Cuál es la verdad en esta historia tan opaca y esquiva? Como sea, mientras no se realice una investigación verdadera, a fondo, independiente y confiable, difícilmente se podrá saber lo que hasta ahora no se dice en el caso de “El Palidejo”. Pero a medida que se descubren hechos aparentemente aislados, como la participación de altos funcionarios estatales en actividades del crimen organizado, o relacionados amistosamente con narcotraficantes, no se puede menos que abrigar el temor de que Nicaragua se podría convertir en otro narcoestado.
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