La jefa de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional, comisionada general Glenda Zavala, ha negado que se esté usando la tortura como método de investigación.
Según Zavala, son falsas las denuncias de torturas que han hecho públicas algunos presos y sus familiares, y asegura que son “métodos del crimen organizado para afectar la institución policial”. Refiriéndose al caso de Henry Fariñas, quien está encarcelado bajo la acusación de realizar actividades del crimen organizado internacional y ha denunciado maltrato policial, Zavala argumentó que “cuando alguien está siendo investigado o está enfrentando un proceso judicial se vale de algunas artimañas para tratar de evadir la responsabilidad penal, para tratar de ser liberados o más bien de lograr la impunidad”.
Esto último que dice la funcionaria de la Policía es cierto a medias y solo relativamente. La verdad concreta es que Henry Fariñas no es el único que ha denunciado haber sido víctima de maltrato policial. El mismo día que la comisionada general Glenda Zavala rechazó la denuncia de Fariñas y sus familiares, el ciudadano Edwin Antonio Rodríguez, antiguo chofer escolta de un político que se vio envuelto en una balacera a principios de agosto del año pasado, durante la campaña electoral que desembocó en el fraude del 6 de noviembre, no solo denunció con palabras las torturas que sufrió cuando lo tuvieron preso por ese motivo sino que mostró las huellas físicas del maltrato policial.
Más todavía. A fines de noviembre del año pasado el ciudadano Leonel Santana denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que había sido obligado mediante torturas a firmar unos papeles e inventar cargos contra personas que según él eran inocentes de un delito que les imputó la Policía.
Y eso no es todo. En el año 2007, después que Daniel Ortega recuperó el poder y restableció el régimen autoritario en Nicaragua, la Organización Mundial contra la Tortura hizo varias recomendaciones al gobierno para que previniera y castigara el delito de tortura, las cuales no se han atendido. En 2009, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura expresó su preocupación por la falta de atención de los gobernantes de Nicaragua a las denuncias de torturas, lo cual, señaló, “puede asemejarse a la impunidad”. Y el año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició una investigación de la denuncia de torturas cometidas en 2007 contra una familia de Nueva Guinea, de la cual el Cenidh presentó las correspondientes evidencias.
De manera que la denuncia de Fariñas no es un caso aislado. Si la Policía quisiera convencer de que no es cierto que practica la tortura, debería investigar de manera creíble todas las denuncias que se han presentado y permitir que los medios de comunicación visiten a los presos y hablen libremente con ellos. La tortura de prisioneros comunes y políticos es un crimen de lesa humanidad. Todas las dictaduras de Nicaragua, desde la liberal de Zelaya hasta la sandinista de los años ochenta, pasando por la somocista, la han practicado. Y es una vergüenza nacional que ahora se vuelva a practicar
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