Con el asesinato de Alfredo Villatoro, uno de los periodistas más conocidos y respetados de Honduras, quien fuera secuestrado el martes 9 de mayo y su cadáver con dos balazos en la cabeza encontrado el miércoles de esta semana en un suburbio de Tegucigalpa, son ya 29 los periodistas que han sido ultimados entre el 2003 y el 2012, de los cuales 23 durante el actual gobierno de Porfirio Lobo.
Por otra parte, al menos 10 periodistas han salido ilesos o heridos después de ser víctimas de atentados contra sus vidas, y otros han preferido marcharse de Honduras. Además, tres importantes medios de comunicación hondureños, entre ellos uno de los grandes diarios del país, han sido objeto de atentados terroristas.
La criminalidad en Honduras es un gravísimo problema que motiva la atención internacional y la matanza de periodistas es alucinante. Pero las autoridades hondureñas se muestran absolutamente incapaces de hacer frente a esta criminalidad endémica. Y no solo no tienen capacidad para castigar a los asesinos mediante la aplicación de la Ley y la justicia, sino que ni siquiera han podido esclarecer a qué se debe y de dónde viene tanta saña contra los periodistas.
Se dice que el auge de la criminalidad en Honduras se debe a las bandas de narcotraficantes que han hecho de Centroamérica la principal ruta de tránsito de la droga y libran entre ellas una lucha feroz por el predominio en el área y el control de su macabro “negocio”.
Pero a los periodistas, ¿por qué los atacan y matan con tanta furia? Además, ¿es el crimen organizado o es el Gobierno, el culpable de la cacería mortal de periodistas, porque estos los molestan con sus investigaciones y denuncias de las actividades criminales y de la corrupción y los abusos de poder? ¿O son víctimas los periodistas, de políticos mafiosos que fueron desalojados del poder y quieren recuperarlo de cualquier manera, para lo cual tratan de desacreditar y debilitar al Gobierno culpándolo por los asesinatos de los periodistas?
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otros organismos de defensa de la libertad de prensa y de los periodistas, así como protectores de los derechos humanos, han condenado reiteradamente los asesinatos de periodistas en Honduras y exigido a las autoridades de este país que los aclaren y castiguen a los culpables, como es su obligación; condena a la que se adhiere el diario LA PRENSA, de Nicaragua. En el caso más reciente, del periodista Alfredo Villatoro, la SIP ha denunciado “el lento accionar, la laxitud y el pobre compromiso de las autoridades, que no han logrado ponerle freno a la violencia”.
En realidad, la obligación primera y primordial del Estado es garantizar la vida de las personas que viven bajo su jurisdicción. Un Estado que no tiene capacidad y sus gobernantes carecen de voluntad para asegurar el bien jurídico superior, que es la vida humana, es un Estado fracasado que no merece el respeto de sus ciudadanos ni de nadie.
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