En el Estado democrático de Derecho impera el principio de la presunción de inocencia, según el cual toda persona es inocente mientras no se demuestra lo contrario. Al revés, en un Estado autoritario y policíaco toda persona es culpable mientras ella misma no demuestra su inocencia, y aunque la pruebe, es condenada si tal fuese el interés del Estado o más bien de la camarilla gobernante.
En los últimos años, en los países democráticos se ha menoscabado el principio de seguridad personal fundada en la presunción de inocencia y el derecho a la privacidad del ciudadano, debido a las medidas de seguridad por las acciones y amenazas terroristas, el crimen organizado y las asonadas criminales en las que con frecuencia degeneran las protestas sociales callejeras.
Sin embargo en los países democráticos los gobiernos procuran restringir lo menos posible las libertades individuales y en todo caso los ciudadanos pueden recurrir a los mecanismos institucionales y sociales de control del poder público, para contener las tendencias gubernamentales a abusar de los mecanismos de seguridad y para denunciar los abusos que se cometen en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia social.
En cambio, en los Estados autoritarios, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado se usa como pretexto para imponer leyes que restringen severamente o anulan del todo las garantías jurídicas de las personas, además de que no hay instancias ante las cuales se pueda recurrir en busca de amparo contra la arbitrariedad del poder.
Por eso es alarmante que a medida que se afianza el régimen autoritario e inconstitucional de Daniel Ortega, se van produciendo hechos jurídicos lesivos a la libertad y los derechos individuales de las personas, como ocurre con el dictamen de la ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), algunos de cuyos artículos han sido señalados por dirigentes empresariales y diputados de la oposición parlamentaria como atentatorios contra las garantías de seguridad personal de los ciudadanos.
Tanto los representantes de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), de la Cámara Nicaragüense Americana de Comercio (Amcham) y del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), como diputados del partido opositor PLI, han expresado el temor de que a la sombra de la legislación contra el lavado de dinero y activos provenientes del crimen organizado, se introduzcan en la ley de la UAF disposiciones contra los derechos y las garantías personales de los ciudadanos. Al respecto el presidente de Amcham ha advertido justamente que aunque esa ley es importante para Nicaragua, son mucho más importantes los derechos individuales de los nicaragüenses, la tranquilidad de los ciudadanos, la seguridad de que no se les está investigando innecesariamente. Lo cual es característico de un Estado autoritario como el que Ortega está imponiendo poco a poco, aseguramos nosotros.
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