La asignación del 6 por ciento del presupuesto nacional a las universidades públicas (y algunas privadas que son subvencionadas por el Estado), es un tema que se debe discutir no solo porque así lo hubiera recomendado la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encuentra actualmente en el país evaluando la situación económica nacional y sus perspectivas, sino porque se trata de un problema nacional de carácter estratégico y por lo tanto de gran interés público. De hecho, el problema del 6 por ciento se viene discutiendo desde que el FSLN lo impuso a raíz de que perdió las elecciones de febrero de 1990.
El 6 por ciento universitario —que en realidad llega al 8 por ciento, porque el Estado paga adicionalmente todos los servicios básicos de las universidades públicas— es discutible y está pendiente de una solución definitiva, primero porque su aprobación no resultó del consenso político y social alrededor de un plan nacional de educación, sino de una imposición partidista; segundo, por la gran desproporción que hay entre la asignación presupuestaria a las universidades y la que se destina a los subsistemas educativos de primaria y secundaria; tercero, porque es un despropósito que el 6 por ciento se calcule sobre la base de todos los ingresos y egresos del Estado, incluyendo los préstamos y donaciones que llegan del extranjero, no solo sobre los ingresos ordinarios como sería lo correcto; cuarto porque no hay una clara rendición de cuentas sobre cómo se gastan esos cuantiosos recursos, salvo la parte de la universidad privada UCA que sí lleva sus cuentas en orden y las declara públicamente; quinto porque no hay ninguna indicación de que la educación universitaria del país hubiese mejorado desde que hace más de 20 años se impuso la asignación del 6 por ciento del presupuesto; sexto, porque a pesar de la enorme cantidad de dinero que han recibido las universidades públicas en los últimos 20 años, ninguna de ellas está entre los mejores 150 establecimientos universitarios de América Latina y el Caribe.
Bajo el régimen no democrático que impera actualmente en el país es imposible que pueda haber un diálogo institucional constructivo sobre este tema, mucho menos que la asignación del 6 por ciento se pueda reorientar en beneficio de los otros subsistemas educativos que son discriminados. Si durante los gobiernos democráticos de 1990 a 2006 no fue posible hacer esa modificación, debido a la resistencia extremadamente violenta del FSLN que entonces “gobernaba desde abajo”, mucho menos que se pueda hacer ahora que dicho partido ejerce el poder desde arriba y de manera absolutista.
Pero el seis por ciento universitario no es asunto concluido. Hay que seguir discutiéndolo aunque sea en los disminuidos espacios de libertad de expresión que sobreviven en Nicaragua, y tendrá que ser reconsiderado por consenso nacional cuando la democracia representativa y verdaderamente participativa sea restituida en el país, lo que inevitablemente tendrá que ocurrir tarde o temprano.
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