Recientemente los latinoamericanos observamos el incendio del bosque forestal La Primavera, en Jalisco, México. Algunos ambientalistas calculamos que al menos 4,000 hectáreas se han desaparecido producto del fuego. Bosque que no volverán. Estamos obligados a recordar que con el cambio climático los principales efectos negativos inician en el bosque y en las costas. Este acontecimiento ambiental convocó nuevamente a las autoridades federales, y hasta el presidente Calderón se hizo presente y coordinó la reunión de evaluación e investigación del daño ecológico.
Este hecho me hace recordar el derrame de petróleo o derivados del nefasto crudo en Costa Azul, en Puerto Sandino, irónicamente, un antiimperialista, que luchó por el bienestar nacional. Si, efectivamente en Nicaragua, en las costas del pacífico se ha presentado un derrame importante del contaminante petróleo. ¿Y la sociedad ambientalista? Bien gracias. La sociedad nicaragüense; bien gracias. Las autoridades del ambiente y los recursos naturales; bien gracias. Pero, no solo, bien gracias, sino que más bien han informado públicamente calificando el hecho, de poca o ninguna importancia.
Todos sabemos que el derrame de productos químicos, ya sean estos, líquidos, gaseosos o sólidos en un cuerpo de agua producen contaminación o alteración en el estado orgánico del recurso agua. Por lo tanto, no es escondiendo o maquillando el alcance, los efectos de una acción, ya sea esta accidental o no, que vamos a evitar el proceso de contaminación y destrucción del recurso natural. Por el contrario, la mejor posición de la administración pública sería la franqueza, la información clara, veraz y oportuna. Que sean serios y decentes, apenas eso demandamos desde la ciudadanía.
En Nicaragua los funcionarios y servidores públicos al parecer apuestan a que la memoria histórica de la ciudadanía sea frágil y limitada. Pareciera, que piensan que las cosas que suceden deben dejarse al tiempo, para que el tiempo se las lleve. Pero, ciertamente esta actitud frente a la vida y a la administración de los bienes y recursos del Estado nicaragüense, es equivocada. Lo apropiado es que cada acción desafortunada que suceda con los recursos naturales y el ambiente deben de servir para mejorar los medios e instrumentos preventivos y de mitigación, para que el hecho no se repita, y que hagamos responsable a quien ha producido el daño. Recordemos el principio ambiental de que el que daña paga.
Con esa reflexión, deseo insistir y recordar que Nicaragua es uno de los pocos países de América Latina que posee un marco jurídico moderno, coherente, y defensor de los recursos naturales y el ambiente. Lo que necesitamos es una acción responsable de los empresarios, —nacionales y extranjeros— de los gobiernos regionales, municipales y nacional, de los ciudadanos, en el conocimiento y la aplicación de las leyes ambientales, un poco dispersas, pero, existen y deben ser aplicadas. Con los recursos naturales, no debemos actuar como lo hacemos con las empresas de zona franca, que nosotros los nicaragüenses, ponemos más de lo que ganamos con esa presencia empresarial.
El autor es sociólogo e investigador social
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