Luis E. Martínez
A cinco años de prisión fueron condenados los hondureños Guadalupe Santos Rodríguez y Rolando Cáceres Escoto, así como los nicaragüenses Hilario Alberto Espinales Tórrez, José Adán Arosteguí Alegría y Carlos Alberto Laguna Traña, declarados culpables de lavado de dinero, bienes o activos en perjuicio del Estado de Nicaragua.
En una extensa sentencia, notificada ayer, el suplente del Juzgado Primero de Distrito Penal de Juicios de Matagalpa, Wilford Ramsés Bustamante Rocha, ordenó el decomiso de diversos bienes muebles e inmuebles, de los cuales, unos serán subastados y otros asignados a instituciones estatales.
Mientras que José Adán Arosteguí fue multado con 11,925,293 córdobas y Carlos Alberto Laguna debe pagar una multa de 3,998,238 córdobas con 60 centavos.
Hilario Espinales y Rolando Cáceres no fueron multados.
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Durante un maratónico juicio desarrollado en más de una veintena de sesiones realizadas entre el 27 de enero y el 23 de marzo de este año, la Fiscalía sostuvo que la banda, identificada por la Policía como “Los Bovinos”, supuestamente se dedicaba al narcotráfico usando como fachada el comercio de ganado.
Sin embargo, en una audiencia realizada el 17 de abril, el juez señaló que la Fiscalía no pudo acreditar el tráfico internacional de drogas y tampoco “la existencia de una delincuencia organizada de carácter transnacional”.
MIGAJAS PARA LA POLICÍA
En virtud de la sentencia, al menos tres camionetas, 40 mil dólares y cien mil córdobas en efectivo fueron asignados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Mientras que un cuadraciclo y una moto, además de dos pistolas, le fueron asignadas a la unidad departamental de la Policía y un poco más de 20 millones de córdobas, con los cuales fueron multados tres de los sentenciados, le corresponderían al Sistema Penitenciario.
Al hondureño Santos Rodríguez le fueron decomisados cinco cabezales, cuatro rastras, un contenedor, un remolque, dos camiones, 81 reses de distintos, entre otros. Esos vehículos y bienes, más el ganado, deben ser subastados.
Bustamante también ordenó el decomiso de “todas las mejoras” existentes en la denominada Finca Las Tunas, en el kilómetro 97.5 de la Carretera Panamericana, entre Darío y Sébaco, la cual pertenece a la Comunidad Indígena de Sébaco.
El juez también dispuso que los bienes no incluidos en la sentencia les sean devueltos a los sentenciados.
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